Por AFP
«Hemos acabado con las estructuras criminales que había en
las cárceles», anunció, triunfante, el ministro de Interior de Venezuela,
Remigio Ceballos, al culminar el viernes el plan de intervención de cárceles
que fue lanzado en septiembre para recuperar siete prisiones donde operaban
pandillas.
Sin embargo, algunos expertos en materia carcelaria
sostienen que se trata de un «show» y denuncian un plan sin estrategia que
negociaron con las bandas.
Cárceles
autogestionadas en Venezuela
Tocorón, en el estado Aragua y el más famoso, fue el primero
de los siete penales recuperados.
Más de 10.000 policías y militares, apoyados con tanquetas y
vehículos blindados, se movilizaron para intervenir esta cárcel. Allí
funcionaba la base de operaciones del Tren de Aragua, una de las organizaciones
criminales más grandes de Venezuela que extendió sus tentáculos a varios países
latinoamericanos, entre ellos Colombia, Chile y Perú.
La banda, aparecida en 2014, extorsionaba a la población
reclusa pidiéndole pagar una «causa», una cuota de 15 dólares semanales, lo que
les permitió mantener toda una infraestructura dentro la cárcel: piscina,
bares, discoteca, zoológico… Y seguir operando en actividades mafiosas
«clásicas»: secuestros, robos, drogas, prostitución y hasta minería.
Se convirtió entonces en un ejemplo de cárcel
«autogestionada».
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| Vista de la piscina de la Cárcel de Tocorón, Estado Aragua |
El sistema también ofrecía «una mano de obra fácil de
reclutar», subraya Ronna Rísquez, autora del libro El Tren Aragua: la banda que
revolucionó el crimen organizado en América Latina.
Al igual que en Tocorón, en las otras seis prisiones se
descubrieron drogas, armas, un estudio de grabación y otras piscinas. También
se practicaba la extorsión con amenazas de muerte y pago de rescate.
Las prisiones estaban dirigidas por un pran, como se conoce
a los líderes de reclusos en las cárceles en Venezuela.
Y el control de estos pranes sobre las cárceles venía desde
hace tiempo, coinciden expertos al señalar que el gobierno se tardó en realizar
las intervenciones por falta de recursos y voluntad política para luchar contra
la corrupción.
¿Por qué en este momento?
El director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones
(OVP), Humberto Prado, apunta a que estos operativos pueden estar buscando
«distraer la atención», debido a que coincide con la publicación reciente del
informe de las Naciones Unidas sobre la violación de derechos humanos en
Venezuela.
En su opinión, el gobierno montó un «show» sin estrategia, y
lamenta que las cárceles hayan sido recuperadas tras negociaciones con las
pandillas. Según Prado, todos los líderes de pandillas escaparon tras ser
advertidos de las operaciones.
«Está bien que se acabe con la mafia de las cárceles (…) ¿y
no presenta dónde están los pranes detenidos?», se pregunta Prado.
Risquez, por su parte, ve razones «políticas», pues se
acercan las elecciones presidenciales de 2024 y el presidente Nicolás Maduro
quiere sacar a Venezuela de su aislamiento.
Además del «tema de seguridad en la campaña electoral»,
Maduro busca «posiblemente el reconocimiento y la legitimidad» de otros
posibles aliados regionales, en particular Colombia y Brasil, que se han movido
hacia la izquierda, sostiene Rísquez.
Lo ocurrido en las cárceles venezolanas tuvo consecuencias
«en países como Perú, Chile, Colombia, con la presencia del Tren de Aragua y de
otros grupos», subraya.
¿Y el futuro?
El «éxito total» del que también se alegra Maduro corre el
riesgo de aumentar el hacinamiento en las cárceles venezolanas, con 54.000
presos en 80 prisiones en Venezuela, de los cuales 9.000 estaban encarcelados
en los establecimientos intervenidos, según datos oficiales.
La sobrepoblación carcelaria es del 164% y «se va a
disparar». Así lo sostiene preocupado Prado, precisando que el 70% de los
presos está en «proceso de juicio».
Las cárceles venezolanas podrían volver a ser escenario de
homicidios y motines que desembocarían en un baño de sangre, como ocurrió a
finales del siglo XX, alertan expertos.
La toma de las cárceles «no significa que la organización se
acabó, porque la organización son las personas y estás personas no están
arrestadas», advierte Risquez.
Destaca, no obstante, que el Estado dio un golpe importante
a las bandas porque las privó de su base de reclutamiento y prestigio: el lugar
desde donde podían lograr conseguir hasta 3,5 millones de dólares solo con las
extorsiones semanales a los presos, según Rísquez.
