La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela señaló este viernes la detención del exalcalde opositor Javier Oropeza como uno de los acontecimientos que «evidencia la incertidumbre que todavía atraviesa el país y el carácter limitado y reversible de algunos de los cambios observados».
Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, presentó parte de los hallazgos contenidos en el más reciente informe del organismo sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Asimismo, mencionó que el caso de Oropeza ocurrió el mismo día en que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales, en el contexto del diálogo político entre el gobierno y la Asamblea Nacional de 2015.
Macher destacó que, mientras se producía la reapertura de estos espacios digitales, se conoció la detención de Oropeza, exalcalde de oposición que había regresado a Venezuela apenas tres días antes, después de haberse exiliado en 2024.
El exalcalde fue liberado horas después, según recordó la representante de la Misión.
Para Macher, ambos acontecimientos registrados en una misma jornada reflejan la «incertidumbre que persiste en Venezuela y las limitaciones de los cambios registrados hasta ahora».
Detalles del informe
Macher explicó que el informe está acompañado por dos documentos de sesión. El primero analiza la evolución de las «principales violaciones de derechos humanos y la continuidad del aparato represivo del Estado», mientras que el segundo aborda el papel de grupos civiles, como los colectivos, y sus «vínculos con autoridades estatales».
Sin embargo, sostuvo que los cambios políticos posteriores al 3 de enero produjeron modificaciones observables en la situación de derechos humanos. Entre ellas mencionó cambios en el gabinete, en el alto mando ampliado de las Fuerzas Armadas y en la estructura y composición del Tribunal Supremo de Justicia.
También señaló un «cambio en el discurso político», con énfasis en mensajes de paz y reconciliación nacional, además de medidas de liberalización política que, según la Misión, permitieron «reactivar» la actividad pública en Venezuela.
Durante su intervención, Macher también reiteró que la Misión profundizó sus investigaciones sobre el papel de los grupos civiles armados conocidos como «colectivos».
Según la investigación, existen “motivos razonables” para considerar que estos grupos han «apoyado la represión mediante labores de vigilancia e identificación de personas consideradas objetivos de acciones represivas».
La Misión también señaló que los colectivos habrían participado en el «control de protestas, operativos de seguridad y acciones de represión política selectiva», en un contexto que describió como de “impunidad prácticamente total”.
El informe presentado por la Misión forma parte de su evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026.
La instancia también documentó «cambios» en la situación de derechos humanos tras el 3 de enero, entre ellos una disminución significativa de las detenciones políticas de larga duración.
Sin embargo, ha advertido que persisten «prácticas represivas y que no existen suficientes señales de una ruptura genuina y sostenible con las estructuras que permitieron años de represión».
Porr su parte, la delegación de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra defendió las «mejoras registradas» en la situación de derechos humanos en el país y pidió que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos «no extienda su mandato».
Sobre el caso Oropeza
Javier Oropeza, exalcalde de Carora, fue detenido el 17 de septiembre luego de salir de una entrevista en la sede del diario El Informador, en Barquisimeto, estado Lara.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció la detención y exigió su liberación, al señalar que el dirigente había recibido el sobreseimiento de su causa un día antes.
El caso fue planteado durante el segundo ciclo de la mesa de diálogo entre representantes del Gobierno y de la Asamblea Nacional de 2015, según informó la dirigente opositora Dinorah Figuera, quien aseguró que habían denunciado la situación y que se harían las diligencias necesarias para lograr su liberación.
Por su parte, Primero Justicia (PJ) informó posteriormente que Oropeza fue excarcelado con medidas sustitutivas y sostuvo que estas fueron dictadas después de lo que calificó como una «flagrante violación» del sobreseimiento otorgado por los tribunales el día anterior.
Tras recuperar la libertad, Voluntad Popular (VP) confirmó la excarcelación y señaló que Oropeza podía regresar con su familia. El exalcalde había vuelto a Venezuela 48 horas antes de su detención, después de permanecer dos años en el exilio.
Venezuela pidió ante la ONU concluir el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos
La delegación de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra pidió este viernes no renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para el país, al tiempo que defendió las medidas adoptadas en «materia de derechos humanos» desde comienzos de año.
«Ese mecanismo, establecido y prorrogado sin el consentimiento ni la cooperación del Estado venezolano, ha suscitado serias preocupaciones en cuanto a subjetividad, imparcialidad y no selectividad», dijo el ministro consejero de la Misión de Venezuela ante la ONU, Enzo Bitteto, en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos.
Bitetto se pronunció después de que la misión presentara ante el Consejo un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en un año marcado por la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
El funcionario sostuvo que la «promoción y protección» de los derechos humanos debe apoyarse en el «diálogo, la cooperación y el desarrollo de las capacidades nacionales», bajo los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.
En ese sentido, afirmó que Venezuela mantiene canales de diálogo y cooperación técnica con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y trabaja en la preparación de su próximo Examen Periódico Universal.
Durante su intervención, Bitetto enumeró varias medidas que, según dijo, deberían ser consideradas al evaluar la situación del país. Entre ellas mencionó la Ley de Amnistía; el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática; el proceso de reforma judicial; y la aplicación de medidas sustitutivas de privación de libertad que, de acuerdo con sus cifras, han beneficiado a 8.743 personas.
También señaló que el Estado mantiene una revisión de casos y vinculó estas acciones con el proceso de diálogo político nacional.
«Precisamente porque apostamos por una cooperación de buena fe, nos preocupan los señalamientos formulados contra Venezuela por el alto comisionado durante la apertura de esta sesión. Una cooperación genuina debe ser capaz de reconocer avances, generar confianza y acompañar constructivamente los esfuerzos nacionales. Esperamos que estos avances también sean reconocidos y acompañados. La cooperación no puede construirse a partir de percepciones predeterminadas ni mediante pronunciamientos que presenten una visión parcial de la realidad nacional», prosiguió.
Respecto al acceso a los centros de detención, Bitetto aseguró que Venezuela mantiene un «diálogo fluido y constructivo» con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuyos equipos, según afirmó, realizan visitas técnicas y prestan asistencia «con sentido de humanidad y dignidad».
También mencionó la cooperación del sistema de Naciones Unidas en el marco del plan «Venezuela Renace» tras los terremotos del 24 de junio, como ejemplo de lo que, a su juicio, puede lograrse mediante mecanismos de cooperación.
«La cooperación basada en el respeto y la titularidad nacional puede producir resultados concretos para proteger los derechos y preservar la dignidad humana, incluso en medio de la tragedia. Es desde esta convicción que Venezuela rechaza cualquier intento por extender el mandato de la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos», dijo.
Cuestionamientos a la misión
Bitetto sostuvo que los informes de la misión se apoyan en «fuentes secundarias y terciarias» y cuestionó el rigor, la verificabilidad y la objetividad de sus métodos.
«Después de casi siete años, cabe preguntarse, ¿qué resultado concreto ha producido esta estructura para mejorar efectivamente la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela?», planteó.
La representación venezolana también vinculó su rechazo a una nueva extensión del mandato con la «severa crisis financiera y de liquidez» de Naciones Unidas. Bitetto sostuvo que no sería «razonable» destinar recursos limitados a mecanismos que, según afirmó, se «superponen con estructuras existentes», en lugar de «fortalecer la asistencia técnica y las capacidades nacionales».
Asimismo, reclamó que se considere el impacto que, según Venezuela, tienen las «medidas coercitivas unilaterales» sobre el disfrute de los derechos humanos de la población.
Por ello, la delegación venezolana pidió a los miembros del Consejo de Derechos Humanos que no respalden una nueva renovación del mandato y que se avance hacia el cierre ordenado de la misión, priorizando la «cooperación técnica, el diálogo y los mecanismos universales «capaces de acompañar efectivamente a los Estados y producir resultados concretos».
«Venezuela reafirma su voluntad de trabajar con la comunidad internacional sobre la base del respeto mutuo, la igualdad soberana y la no injerencia. La cooperación requiere confianza, y la confianza se construye mediante el respeto, la objetividad y el diálogo. Ese es el camino que nuestro país ofrece y el cual está dispuesto a continuar transitando», concluyó.
(Con informaciones de El Cooperante)
