Familiares de presos políticos denunciaron este martes supuestos cobros en dólares en algunos tribunales para entregarles la notificación que otorga libertad plena a sus allegados como parte de la ley de amnistía aprobada el mes pasado por la Asamblea Nacional.
El parlamento, controlado por el chavismo, aprobó el 19 de febrero por unanimidad una histórica ley de amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, aunque se aplicará de forma específica a 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, excluyendo el resto del período establecido y casos relacionados con operaciones militares.
Según la denuncia del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, “los Tribunales Primero, Segundo y Tercero en funciones de Juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo están exigiendo resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en dólares en efectivo como condición para notificarles y entregarles copia de la decisión que les otorga la libertad plena”.
El comité, integrado por familiares de detenidos en protestas tras las elecciones de 2024, señaló que las familias no cuentan con recursos para “cubrir cobros ilegales” y recordaron los altos esfuerzos económicos que han tenido que hacer para costear traslados a las cárceles donde estaban detenidos sus parientes.
“La justicia es un derecho constitucional, no una mercancía. Los tribunales tienen la obligación de entregar la copia de la decisión de amnistía sin costo alguno. Este documento es indispensable para eliminar antecedentes y registros policiales relacionados con los hechos amnistiados”, afirmó el comité.
Las familias instaron a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional y al Programa de Convivencia y Paz del Gobierno venezolano a que “constaten” su denuncia y exijan a las autoridades judiciales cumplir con su obligación sin solicitar un “pago arbitrario”.
A pesar de estas denuncias, han continuado las liberaciones como parte de la amnistía: según datos recientes del Parlamento, la justicia venezolana ha otorgado miles de libertades plenas desde la entrada en vigor de la ley.
Organizaciones como Foro Penal han señalado que aún permanecen cientos de personas detenidas por motivos políticos en el país, lo que refleja que el proceso de amnistía sigue en curso y con críticas por lentitud e irregularidades.
(Con información de El Nacional)
