Al venezolano Carlos Orense Azócar lo sentenciaron la semana pasada en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua, y a otros 30 años adicionales de reclusión, por delitos de narcotráfico y tráfico de armas; el expediente del caso muestra que El gordo Orense Azócar llegó a emplear la estructura comercial de Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal Pdvsa, para blanquear dinero procedente de la venta de cocaína.
Orense simulaba contratos de perforación petrolera mediante empresas de fachada como Venro, con sede en el Rockefeller Center de Manhattan. Esas compañías cobraban supuestos servicios que nunca se prestaban y cuyos pagos, que se hacían en efectivo, en realidad llegaban del tráfico de drogas y no de las arcas del holding petrolero venezolano. El contrato servía así como coartada para el ingreso de dólares negros al sistema bancario estadounidense, de acuerdo con la acusación presentada por los fiscales en Nueva York.
“Por teléfono, él decía que tenía algo de dinero retenido en los Estados Unidos y que iba a intentar sacarlo a través de Citgo”, declaró el 30 de noviembre de 2023 en una corte federal Antonio Arveláiz, no solo guardaespaldas sino también sobrino de Orense. Su testimonio respaldó la versión de los fiscales, según la cual el efectivo era entregado en Estados Unidos a Luis Marín, entonces CEO de Citgo, o a intermediarios vinculados a él, quienes intentaban mover ese dinero mediante contratos ficticios con contactos o asociados de Orense para ingresarlo al sistema financiero.
Años antes de que Carlos Orense Azócar recibiera condena en Estados Unidos, su nombre ya había sido mencionado en otro proceso de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York. No fue en una causa penal, sino en un litigio civil entre Vencell Corporation y Eres N.V. En ese litigio, que enfrentó a esas dos empresas por el cobro de comisiones petroleras, quedaron registrados testimonios y documentos que apuntaban a Orense como intermediario y que situaban a Citgo dentro de la arquitectura contractual de este entramado. Para la Fiscalía, ese proceso funcionó como un antecedente: un primer mapa de relaciones, empresas de fachada y flujos de dinero que más tarde reaparecerían en la acusación criminal.
Conspiración en Los Garañones
Alrededor de 2004, el entonces CEO de Citgo, Luis Marín, accedió al cargo mediante una gestión coordinada por Orense Azócar y un alto funcionario venezolano identificado en el expediente como CC-2, descrito como jefe de inteligencia militar. Ese perfil corresponde con el de Hugo El Pollo Carvajal Barrios, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), extraditado a Estados Unidos desde España en 2023 y declarado culpable en 2025 por cargos de narcotráfico.
Una vez instalado en la presidencia de la filial petrolera estadounidense, el ejecutivo pasó a cumplir un rol funcional dentro del esquema; Orense no tardó en cobrarle el favor.
“Él le estaba diciendo a Luis Marín que la pelota ahora estaba de su lado y que tenía que hacer su parte”, relató Antonio Arveláiz ante la corte al referirse a una reunión entre ambos, cara a cara, celebrada en la finca Los Garañones, cerca de Zaraza, en el estado Guárico, en la región central de Los Llanos venezolanos. Una propiedad que, según los alegatos presentados por la Fiscalía el 5 de diciembre de 2025, funcionaba como uno de los principales centros de operaciones de Orense, con pistas de aterrizaje improvisadas en la zona, tanques subterráneos para almacenar droga y un arsenal de armas de guerra.
En el esquema, como se ha dicho, Citgo, el activo más grande que llegó a tener Petróleos de Venezuela en el exterior y que ahora se encuentra en un proceso de subasta judicial en Delaware, sirvió como un ducto para la legitimación del dinero proveniente del tráfico de drogas.
“Es una desgracia, pero no es el único caso”, lamenta el dirigente opositor Yon Goicochea, miembro del Consejo de Protección de Activos que nombró la Asamblea Nacional, predominantemente opositora, de 2015.
Atendiendo protocolos judiciales y acuerdos de confidencialidad, Goicochea sostiene que no conoce detalles adicionales. Sin embargo, comenta que la empresa ha seguido operando gracias a que evitó cualquier intervención en varios casos declarándose, precisamente, como víctima y colaborando para investigar una trama de lavado de dinero. Subraya que se trata de algo independiente de los litigios civiles y embargos que hoy amenazan a la compañía por deudas contraídas por la República durante los años del chavismo. “Puede ser el caso más grande de la historia del Departamento de Justicia, eran cientos de personas investigadas y, de hecho, había docenas de personas procesadas por esto”.
Con toda esa magnitud, la relación de Citgo con el esquema de blanqueo de activos representa tan solo una nota al pie de página frente a lo que los expedientes judiciales y los propios registros de las autoridades estadounidenses describen sobre la operación de Carlos Orense Azócar. El narcotraficante actuó durante años en Venezuela con respaldo institucional, en alianza con militares, funcionarios civiles y estructuras del poder chavista, que le permitieron mover al menos 100 toneladas de cocaína, según los cálculos de la Fiscalía, una estimación que se queda corta ante lo que su propio sobrino, Antonio Arveláiz, declaró luego de que lo detuvieron en Italia en 2021: que había movido hasta 40 toneladas por año desde 2003.
Maiquetía y el puente aéreo de Citgo
El de Orense es un prontuario que describe una maquinaria logística que fue capaz de articular rutas aéreas, marítimas y terrestres durante casi dos décadas, siempre con complicidades insertas en diferentes niveles del Estado. Por ejemplo, en 2006 coordinó la recepción y el trasbordo de 16 millones de dólares en efectivo que llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en vuelos comerciales y que luego fueron trasladadas a Caracas a bordo de helicópteros privados, con apoyo de efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para evadir controles aduaneros y alcabalas.
El dinero fue movido por aire porque “en 2006 colapsó un puente en la autopista que conecta el aeropuerto de Maiquetía con Caracas” y la única alternativa terrestre implicaba “una ruta por la montaña, demasiado peligrosa y que podía tomar hasta nueve horas”, testificó el 5 de diciembre de 2023 un piloto venezolano y operador logístico, Roberto López Perdigón, que participó en la operación y que años después terminó como testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos.
López Perdigón evocaba en esa sala de audiencia de Manhattan el colapso del viaducto número 1 de la autopista Caracas–La Guaira, construido en los años 50 y del que un tramo se vino abajo el 19 de marzo de 2006. La autopista era y sigue siendo la principal arteria que conecta a la capital con el aeropuerto internacional. Mientras se demolió el resto de la estructura que se mantenía en pie y se levantó otro viaducto, el intenso tráfico entre Caracas y el litoral central tuvo que desviarse o por una improvisada trocha o por la carretera vieja, una calzada estrecha y sinuosa que data de la dictadura de Juan Vicente Gómez, a comienzos del siglo XX.
Mientras la emergencia de infraestructura alteraba la vida cotidiana e imponía un freno a la actividad comercial, Orense se las arregló para sortear el embudo y organizar un puente aéreo entre Caracas y La Guaira. En ese contexto, los registros judiciales también dan cuenta de reuniones con emisarios del narcotráfico colombiano para destrabar cargamentos retenidos y pactar nuevas rutas de exportación aérea y marítima, bajo la promesa de protección por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
(Con información de ArmandoInfo / El Carabobeño)
