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Dificulta encontrar una solución pacífica: gobiernos de Colombia y Brasil preocupados por orden de arresto contra González

 


Los gobiernos de Colombia y Brasil expresaron este martes su “profunda preocupación” por la orden de detención emitida el pasado 2 de septiembre en contra del excandidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González.

En un comunicado, las administraciones de Gustavo Petro y de Luiz Inácio Lula da Silva indicaron que la medida judicial afecta los compromisos adquiridos por el gobierno de Nicolás Maduro en el Acuerdo de Barbados, firmado en octubre de 2023.

"Esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia", se lee.

En este sentido, ambas  naciones expusieron que la orden dificulta encontrar una solución pacífica, por medio del diálogo, entre las principales fuerzas políticas venezolanas.

 (Con información de El Cooperante)

Ecuador solicitará incluir crisis venezolana en agenda del Consejo de Seguridad


 

El Gobierno de Ecuador informó este martes 3 que ha instruido a su misión permanente ante Naciones Unidas para que la crisis de Venezuela sea incluida dentro de la agenda de la próxima reunión del Consejo de Seguridad.

El gobierno de Daniel Noboa expresó que esta decisión se debe al «incremento de las tensiones en Venezuela, que podría convertirse en una amenaza directa a la estabilidad regional y la seguridad internacional».

Según el comunicado del Gobierno ecuatoriano, difundido por su Ministerio de Relaciones Exteriores, la petición se hará el jueves 5 de septiembre cuando está prevista una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los máximos órganos de toma de decisiones de la organización.

Ecuador se sumó a un grupo de ocho países que condenó este martes la orden de arresto emitida por un tribunal antiterrorista contra el opositor Edmundo González Urrutia, que calificaron como un «intento de silenciar» al candidato presidencial, «desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política».

 (Con información de Tal Cual)

 

 

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