El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela
advirtió que una futura aprobación del ‘proyecto de ley contra el fascismo,
neofascismo y expresiones similares’ por parte de la Asamblea Nacional elegida
en 2020 afectará “derechos esenciales” como “la libertad de expresión”, por lo
que pidió a sus agremiados rechazar dicho texto legislativo.
“El anteproyecto de la ley contra el fascismo, el
neofascismo y expresiones similares (…) es un intento de alinear a la sociedad
en general y, de manera muy particular, a los periodistas y medios de
comunicación, a un pensamiento único, lo que contraviene la esencia misma de la
Constitución y nuestra Ley de Ejercicio del Periodismo”, señaló el gremio en un
comunicado.
El pasado 2 de abril, la administración de Nicolás Maduro
presentó ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el «Proyecto de ley contra
el fascismo, neofascismo y expresiones similares» elaborado por orden de
Nicolás Maduro.
El documento, presentado por la vicepresidenta ejecutiva,
Delcy Rodríguez, incluye cuatro capítulos y 30 artículos, y establece “medios y
mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el
ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la
diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden
fascista”.
El CNP indicó que esta propuesta de ley contiene una “serie
de imprecisiones conceptuales” sobre lo que se considera una expresión
fascista, al “equiparar una variedad de ideas deleznables como el supremacismo
racial a otras como el conservadurismo moral, sobre todo cuando se deja a la
libre interpretación qué significa esto”.
El artículo 4 de esta propuesta de ley establece que los
rasgos característicos del fascismo son “el racismo, el chovinismo, el
clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo
de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la
diversidad”.
“Más que preocupación, genera temor la propuesta en este
anteproyecto de la conformación de una alta comisión, designada
discrecionalmente por el Ejecutivo, que será la encargada de determinar qué
expresión, opinión, organización o persona encuadra dentro de la categoría
fascista o neofascista”, añadió.
(Con nota de VPI TV)