Un total de 818 hombres y 113 mujeres privados de libertad han sido trasladados hacia diferentes centros penitenciarios del país, tras el control definitivo del motín carcelario en el Internado Judicial de Barinas (Injuba).
El balance fue ofrecido este martes 26 de mayo por el general de división Giuseppe Cacioppo Olivares, secretario ejecutivo de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado Barinas, quien afirmó que la situación interna del recinto de reclusión se encuentra controlada y en calma institucional tras las jornadas de contingencia.
Para garantizar la legalidad del proceso y agilizar los compromisos procesales, la sede penitenciaria cuenta con la presencia directa del Defensor Público Nacional, Daniel Ramírez, quien en compañía de su equipo técnico y de los jueces de ejecución del Circuito Judicial del Estado Barinas lidera una revisión de expedientes en los propios espacios del internado. Esta comisión brinda atención directa a la población reclusa que aún permanece en las instalaciones.
Cacioppo además confirmó que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario designó formalmente a Sanin Omar Colmenares Cocho como el nuevo director titular del Injuba.
El funcionario, quien arribó procedente de Caracas, Distrito Capital, ya asumió las riendas de la institución para iniciar una nueva etapa administrativa en el penal de la capital barinesa.
(Con información de El Nacional)
Familiares de detenidos en Injuba denuncian «traslados arbitrarios» y exigen respuestas al Ministerio Penitenciario
Familiares de los detenidos en el Internado Judicial de Barinas (Injuba) denunciaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) «sentirse engañados», en referencia a las promesas realizadas por el Ministerio de Servicio Penitenciario respecto a que los traslados solo serían voluntarios.
«Nos dijeron que ellos decidirían por voluntad propia si querían ser trasladados o no, que incluso podrían escoger el penal al que querían ir. También nos aseguraron que muchos presos regresarían a los estados donde cursan sus causas y que a los de Barinas no los tocarían, pero nada de eso está ocurriendo», relataron los familiares al equipo OVP.
Hasta ahora, la organización registra más de 15 traslados de hombres desde el Injuba hacia distintos estados del país, entre ellos Carabobo, Guárico, Lara, Miranda, Portuguesa y Zulia.
De acuerdo con su reporte, los centros penitenciarios donde han sido reubicados «ya presentan sobrepoblación», por lo que «se agrava aún más el hacinamiento en esos recintos».
Asimismo, denunciaron que, pese a que Francys Veloz, directora del anexo femenino de Injuba, anunció el desalojo total de las 112 mujeres privadas de libertad, hasta el martes «las internas continuaban en el recinto». Según la información suministrada a algunos familiares, podrían ser trasladadas a penales ubicados en los estados Miranda y Táchira.
El OVP condenó que el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, «continúa sin dar la cara a los familiares»; pese a que estuvo presente en el centro de reclusión, «nunca salió del recinto para hablar con los presentes que exigían ser atendidos por él».
Además, hasta el momento, «no existe un listado oficial que precise cuántos privados de libertad han sido trasladados, quiénes son ni cuáles fueron sus destinos», por lo que los familiares han tenido que organizar redes de apoyo y recorrer penales en distintos estados del país para intentar localizar a los reclusos. Lo que sí han constatado, indicaron, es que «los traslados no fueron voluntarios».
«Muchos fueron sacados y señalados como líderes negativos simplemente por haberse subido a la placa para protestar por sus derechos», declaró uno de los familiares a OVP.
La organización constató que desde la tarde del lunes fue instalado un equipo de jueces y fiscales en el recinto; sin embargo, hasta el momento solo se ha registrado una libertad.
En contexto
El pasado domingo, el OVP denunció que los reclusos del Internado Judicial de Barinas tomaron el penal en protesta por presuntas «golpizas» y «requisas violentas».
En publicaciones difundidas en X, la organización indicó que los reclusos denunciaron que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director del penal y que, desde entonces, presuntamente han sido sometidos a «requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas». Asimismo, aseguraron haber sido “víctimas de golpizas y torturas”.
De acuerdo con el OVP, los internos también denunciaron que más de 120 privados de libertad «permanecen castigados en una celda de aislamiento». Además, alertaron que el director del penal presuntamente «estaría realizando disparos» hacia las torres del recinto penitenciario.
Tras los hechos, el Ministerio Público inició una investigación penal en relación con lo ocurrido en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), donde se registró una protesta protagonizada por la población reclusa.
En un comunicado, el organismo indicó que, tras conocerse la situación, la fiscal superior del estado Barinas, junto a dos representantes adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, se trasladaron al recinto penitenciario con el objetivo de contribuir a una resolución «pacífica» del conflicto.
Asimismo, detalló que fue designada la Fiscalía 49° Nacional con competencia en materia de derechos humanos para adelantar las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer lo sucedido y determinar sus causas.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo envió una comisión al Injuba con el objetivo de constatar la situación dentro del centro penitenciario y “contribuir a una resolución pacífica” del conflicto registrado en el recinto.
El organismo indicó que durante la visita se pudo «verificar la integridad física» de la población privada de libertad, además de escuchar sus demandas, «a fin de encontrar junto a las instituciones correspondientes soluciones a sus solicitudes».
La Defensoría explicó que su actuación se enmarca en sus atribuciones constitucionales y legales como garante del respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, así como «facilitador de canales de comunicación» entre los presos y las autoridades competentes para «coadyuvar en el mantenimiento de la paz» de estos recintos.
(Con información de El Cooperante)
