Las centrales sindicales Unete, CUTV, CGT y Codesa respaldaron este lunes el paro de 24 horas convocado por los gremios del sector universitario para este miércoles 22 de abril, como medida para exigir un ajuste del salario, congelado desde marzo de 2022.
En el documento publicado en X por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), las organizaciones expresaron su apoyo “solidario, sindical y operativo” a esta convocatoria y a la asamblea permanente del Magisterio.
“Reafirmamos la exigencia de salarios dignos, condiciones laborales justas y el derecho a la negociación colectiva, de acuerdo a lo previsto en la Constitución Nacional, la legislación laboral vigente y los convenios internacionales de trabajo ratificados por la República”, expresaron.
Dentro de los puntos acordados, las centrales exigen a las autoridades el “inicio inmediato” de mesas de negociación para atender las demandas salariales, primas, beneficios y condiciones de trabajo. Asimismo, el texto demanda la “derogación inmediata” del Memorando-Circular 2792 y el Instructivo Onapre, así como otras decisiones ejecutivas y legislativas que consideran “menoscaban los derechos laborales, violando la Constitución, en el decreto con fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) y Convenios Internacionales.
El acuerdo también contempla la denuncia de “cualquier acción de hostigamiento o represalia contra los participantes”, además de establecer canales de comunicación directos con las federaciones docentes para asegurar un “manejo coherente” de la acción nacional.
En contexto
El pasado 14 de abril, los profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunciaron que paralizarán sus actividades académicas y laborales por 24 horas si no se atienden las demandas del sector.
La medida fue planteada durante una asamblea intergremial llevada a cabo en la Facultad de Ingeniería de dicha casa de estudios, encabezada por el presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), José Gregorio Afonso.
“Las universidades del país hay que paralizarlas. Debemos convocar un paro de 24 horas, sin miedo ninguno y que se sumen la educación media y los sectores de salud”, expresó.
Agregó que la convocatoria será “absolutamente legal y pacífica”.
“Aunque nosotros no somos ningún partido político, somos un grupo de trabajadores con representaciones y organizaciones, pero estamos absolutamente decididos. La semana que viene, 24 horas de paro, y si el gobierno no responde, él sabrá si tiene que entenderse con las universidades paralizadas o funcionando”, dijo.
En las últimas semanas, los trabajadores se han movilizado en Caracas y otras ciudades del país para exigir mejoras salariales, en medio de los recientes acuerdos petroleros con Estados Unidos y al cumplirse cuatro años del último ajuste decretado por Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra detenido en Nueva York.
El salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, monto que en su momento equivalía a unos 30 dólares, según la tasa oficial y que actualmente representa alrededor de 27 centavos.
La política salarial del Ejecutivo se ha centrado en bonificaciones para trabajadores públicos que no inciden en beneficios laborales, entre ellas un bono de alimentación y otro denominado “ingreso de guerra económica”, ambos pagados en bolívares según la tasa oficial.
Recientemente, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo se realizará un incremento “responsable” de los ingresos de los trabajadores, sin precisar si el ajuste corresponde al salario mínimo o a las bonificaciones.
“En un futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino”, dijo.
La funcionaria confirmó que en marzo el ingreso mínimo integral aumentó de 160 a 190 dólares, tras una venta de fueloil.
“Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo, tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos”, añadió la funcionaria.
En ese contexto, subrayó que cada ajuste “debe ser sostenible” y evitar que “genere inflación”.
Rodríguez insistió el domingo en que el levantamiento total de las sanciones internacionales es una condición clave para el desarrollo del país, afirmando que la restitución de estos derechos económicos para el país «es un derecho, no una limosna».
(Con información de El Cooperante)
