El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las autoridades del Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda, suspendieron sin previo aviso las visitas familiares previstas para este lunes 20 de abril.
La medida se produjo en medio de rumores sobre un presunto motín ocurrido durante la madrugada, que posteriormente fue confirmado por las autoridades, lo que generó preocupación entre los familiares que se congregaron a las afueras del penal sin recibir información oficial.
La organización señaló, a través de un comunicado publicado en redes sociales, que únicamente se permitió el ingreso de paquetería con alimentos y artículos de uso personal, mientras los parientes exigían poder ver a sus allegados.
Familiares de presos en Yare III exigen información
Testimonios recogidos por el OVP señalaron que hasta el momento no se había recibido información oficial sobre lo ocurrido en horas de la madrugada en Yare III. “Lo único que dijeron es que supuestamente estaba la Fiscalía dentro con el Plan Cayapa, pero no hemos visto salir a nadie ni sabemos más nada”, relató un familiar.
Otros asistentes indicaron haber observado el ingreso de unidades y ambulancias al recinto. También señalaron versiones no confirmadas sobre incidentes en los módulos II y IV.
Horas más tarde, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación formal sobre los hechos ocurridos en Yare III, sin ofrecer más detalles.
El organismo designó una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos, encabezada por un fiscal con competencia nacional, con el objetivo de aclarar la situación y garantizar los derechos de la población privada de libertad.
Denuncia por violación de derechos
El OVP advirtió que la suspensión de visitas sin causa justificada, sumada a la falta de información, constituye una violación a los estándares internacionales de derechos humanos.
La organización subrayó que la visita familiar es un derecho fundamental para los reclusos y sus allegados, y cuestionó que este tipo de medidas se adopten sin planificación ni comunicación previa.
Asimismo, alertó sobre el impacto económico en los familiares, muchos de los cuales recorren largas distancias, pernoctan en las inmediaciones del penal e invierten recursos limitados para llevar alimentos e insumos básicos que, en numerosos casos, representan el sustento principal de los internos.
El observatorio calificó la situación como una forma de maltrato hacia los familiares, al someterlos a largas esperas bajo el sol y a la incertidumbre ante la falta de respuestas oficiales.
En ese sentido, exigió a la administración de Delcy Rodríguez ofrecer información veraz y oportuna sobre cualquier eventualidad en los centros de reclusión.
El OVP insistió en que las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos tanto de las personas privadas de libertad como de sus familiares, y evitar que continúen situaciones de desinformación que incrementen la tensión en el sistema penitenciario.
OVP denunció muerte de dos reclusos en cárcel de El Rodeo en menos de 24 horas
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el lunes 20 de abril el fallecimiento de dos personas privadas de libertad en los internados judiciales El Rodeo III y IV en menos de 24 horas.
Las víctimas fueron identificadas como Deivi Enrique García y Ovidio José Madriz Mendoza, quienes, de acuerdo con la organización, habrían muerto por paro respiratorio. La ONG destacó que la simultaneidad de los casos impide considerarlos como eventos aislados.
“Dos muertes en un mismo complejo penitenciario, en menos de 24 horas, no pueden entenderse como hechos aislados sino como parte de un patrón sistemático de abandono”, señaló el OVP en un comunicado publicado en redes sociales.
El Rodeo IV, sin registros previos de muertes
El OVP destacó que, hasta ahora, no existían registros públicos sobre fallecimientos de reclusos en el internado judicial El Rodeo IV, por lo que la muerte de García sería la primera documentada en este recinto.
La organización advirtió que este hecho evidencia que incluso las nuevas infraestructuras penitenciarias reproducen las condiciones que han causado la muerte de miles de reclusos en el país.El Observatorio informó que elevará el caso ante organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
La organización advirtió que el sistema penitenciario venezolano está marcado por condiciones críticas, entre ellas hacinamiento extremo, insalubridad y deficiencias en servicios básicos.
Los internos enfrentan falta de acceso regular a agua potable y alimentación adecuada, así como atención médica inexistente o tardía, lo que favorece la propagación de enfermedades, de acuerdo con los reportes del OVP.
A estas condiciones se suman denuncias reiteradas de maltrato, negligencia, castigos arbitrarios, violaciones al debido proceso y restricciones severas al contacto con familiares.
Exigencias a las autoridades
La organización reiteró que corresponde a la administración de Delcy Rodríguez reparar a las víctimas, y exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo cumplir con su obligación de investigar y garantizar derechos.
El OVP enfatizó que estas instituciones no deben permanecer como “espectadores del deterioro del sistema penitenciario”, sino actuar conforme a la Constitución y las leyes.
(Con informaciones de El Nacional)
