El juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, acordó este jueves investigar a las hijas y a la secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el «caso Plus Ultra».
De acuerdo con el auto, Calama toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que «tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas».
El instructor indica que en una resolución aparte se señalará la declaración de las tres.
En relación con las hijas, Calama recuerda lo expuesto en el auto del pasado 18 de mayo en el que «se acordaron una serie de entradas y registros, entre ellos en la mercantil Whathefav, de las que ambas son administradoras solidarias».
En este sentido, argumenta que tanto «Alba como Laura son administradoras formales de dicha mercantil», cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas.
«La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titulares de la representación orgánica y responsables de la dirección jurídica de la entidad», explica.
El juez recuerda que la citación en calidad de investigado no exige la existencia de un cuadro probatorio cerrado ni la acreditación plena del elemento subjetivo del delito, sino únicamente la concurrencia de indicios racionales de participación.
En el caso de administradores de sociedades presuntamente instrumentales, como es el caso, apunta Calama, «la conexión deriva de la propia estructura societaria: quien ostenta la representación formal es, ex lege, el responsable de la actuación de la persona jurídica y de la adopción de decisiones que permiten o facilitan su operativa».
Para el juez, desde esta perspectiva, la citación en calidad de investigadas de Alba y Laura constituye la única vía compatible con las garantías constitucionales del artículo 24 de la Constitución Española.
En cuanto a la secretaria del expresidente del Gobierno, el magistrado recuerda los indicios de su participación directa en los hechos, tal y como fueron expuestos en el auto de registro del 18 de mayo, lo que justifica su llamada al proceso penal como investigada.
Asimismo, en el auto, el magistrado rechazó la mayoría de las diligencias propuestas por la acusación popular unificada y la de Rodríguez Zapatero, sin perjuicio de que, según avance la investigación, pudiera valorarse su pertinencia, utilidad y necesidad.
Calama rechaza igualmente las diligencias solicitadas por la acusación popular unificada, entre ellas la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la de Pedro Saura como testigo.
El miércoles, Calama decidió no imponer medidas cautelares contra Zapatero, pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitaba la retirada de su pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias periódicas cada 15 días en el marco del caso Plus Ultra.
La fiscalía había solicitado medidas como la comparecencia quincenal ante el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, a lo que se sumaron las acusaciones populares unificadas. De forma subsidiaria, formaciones como Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa llegaron incluso a pedir la prisión provisional.
Zapatero está siendo investigado por posibles delitos de blanqueo de capitales, además de indicios de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental, vinculados al análisis del rescate financiero otorgado a Plus Ultra durante la crisis sanitaria del Covid-19.
(Con información de El Cooperante)
