La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles al Estado venezolano cerrar el centro de detención conocido como El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el marco de una sentencia vinculada a la detención de un estudiante en 2003.
El tribunal dispuso que el cierre del recinto deberá ejecutarse en un plazo de 18 meses contados a partir de la notificación del fallo.
“La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención El Helicoide”, señala la decisión.
Asimismo, la CorteIDH estableció que el traslado de las personas privadas de libertad en ese centro debe realizarse conforme a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de integridad personal, libertad personal y debido proceso.
En su resolución, el tribunal indicó que diversos organismos internacionales que han monitoreado la situación de derechos humanos en Venezuela han documentado denuncias de “torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra personas detenidas en El Helicoide.
Entre esos informes, se menciona a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, la cual ha señalado la existencia de elementos que permiten sostener que un número significativo de personas privadas de libertad en ese centro habrían sido “víctimas de detenciones arbitrarias y malos tratos”.
La sentencia también atribuye la responsabilidad de los hechos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sucesor de la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).
El caso está relacionado con el estudiante Jorge Rojas, detenido el 19 de septiembre de 2003 durante un operativo de la entonces DISIP en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas, en el contexto de protestas contra el gobierno de Hugo Chávez.
Según el fallo, el Estado venezolano “violó derechos vinculados a la libertad de expresión, pensamiento, integridad personal y participación política”. Además, se estableció que durante su detención Rojas fue sometido a “actos de tortura” bajo custodia estatal en El Helicoide.
La CorteIDH detalló que la vulneración de su integridad ocurrió en un “contexto de impunidad” frente a denuncias reiteradas de “torturas y tratos inhumanos” en el centro de detención, asociados a casos de “detenciones arbitrarias”.
El expediente recoge además que Rojas fue “golpeado en distintas partes del cuerpo, amenazado con violencia sexual, sometido a vejaciones, apuntado con armas de fuego y expuesto a simulacros de ejecución”.
En 2004, un tribunal venezolano lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Posteriormente, la sentencia fue apelada sin éxito. En 2009, el Tribunal de Primera Instancia Sexto de Ejecución declaró extinguida la responsabilidad penal y ordenó su liberación.
En contexto
En febrero, el gobierno venezolano anunció el inicio de un proceso de transformación de El Helicoide para convertirlo en un centro cultural y deportivo, como parte de un proyecto presentado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
En ese contexto, se difundieron imágenes de trabajos iniciales de rehabilitación en distintas áreas del edificio.
En enero de 2026, durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez había señalado que el espacio tendría usos sociales, culturales, deportivos y comerciales destinados a la “familia policial” y a comunidades caraqueñas.
El Helicoide, ubicado en Caracas, fue concebido originalmente durante la gestión de Marcos Pérez Jiménez como un centro comercial con rampas helicoidales, proyecto que quedó inconcluso tras la caída de la dictadura en 1958.
Desde 1984 fue ocupado por organismos de seguridad y, desde 2010, funciona como sede del Sebin, siendo usado como un centro de detención de personas por razones políticas.
Organizaciones de derechos humanos han documentado reiteradas denuncias de “torturas y tratos crueles” en sus instalaciones, mientras el Estado ha defendido su uso como parte del sistema de seguridad.
La sentencia de la CorteIDH se conoce días después de denuncias de familiares de presos políticos sobre traslados de detenidos desde El Helicoide hacia otros centros de reclusión.
CIDH denunció «malos tratos y condiciones críticas» en el centro penitenciario de Barinas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles los presuntos actos de «tortura y malos tratos» contra personas privadas de libertad en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), en Venezuela, y exhortó al Estado a adoptar medidas «urgentes» para prevenir y erradicar estas prácticas.
La CIDH se refirió a los hechos registrados el pasado 24 de mayo de 2026, cuando un grupo de reclusos inició un motín no violento tras una requisa que calificaron de “violenta”.
Indicaron que durante el procedimiento los detenidos denunciaron haber sido víctimas de «golpizas, baños con agua helada con corrientes eléctricas, requisas agresivas y daños a sus pertenencias». También se reportaron «malos tratos» a familiares durante las visitas.
De acuerdo con la información difundida, durante el motín el director del centro habría «ordenado el uso de perdigones y gases lacrimógenos contra la población penitenciaria, dejando al menos una persona herida».
La Comisión señaló además que el centro presentaría condiciones de detención “deplorables”, con niveles de hacinamiento cercanos al 200%, escasez de agua potable, deficiente suministro de alimentos y falta de atención médica.
Tras los hechos, las autoridades destituyeron al director del Injuba, Elvis Macuare Guerrero, y anunciaron la apertura de investigaciones por parte del Ministerio Público. Asimismo, se desplegaron jueces y fiscales en el recinto para esclarecer lo ocurrido.
La CIDH también advirtió sobre traslados de personas privadas de libertad a otros centros del país, presuntamente en condiciones no voluntarias y hacia instalaciones igualmente afectadas por el hacinamiento, aunque señaló que no ha sido posible verificar esta información por falta de datos oficiales.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación por estas medidas y por las limitaciones en el acceso a información por parte de los familiares.
En su pronunciamiento, el organismo reiteró que toda persona privada de libertad !tiene derecho a un trato humano y digno!, y recordó que los Estados !están obligados a garantizar condiciones de reclusión compatibles con los derechos fundamentales», incluyendo acceso a agua potable, alimentación adecuada y atención médica.
Asimismo, enfatizó que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos bajo el derecho internacional, y que los Estados deben prevenir, investigar y sancionar estos actos conforme a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
La CIDH instó al Estado venezolano a «adoptar medidas urgentes para erradicar el uso excesivo de la fuerza en centros penitenciarios y mejorar las condiciones de reclusión», y reiteró su disposición a realizar una visita in loco al país para evaluar la situación de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región y está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General.
(Con informaciones de El Cooperante)
