La diputada Nora Bracho, en representación del Grupo Parlamentario Libertad, expresó este lunes su preocupación por la situación energética del país y pidió que el proyecto de Ley del Sistema Eléctrico Nacional, en discusión en la Asamblea Nacional, sea sometido a una consulta más amplia con academias, colegios profesionales y distintos sectores de la sociedad.
Durante una rueda de prensa, Bracho aseguró que la crisis eléctrica afecta a ciudadanos, empresas, comercios, centros de salud e instituciones educativas en todo el país. Señaló que los constantes apagones alteran la cotidianidad de las familias venezolanas, «reducen las horas productivas y afectan la calidad de vida de la población».
La parlamentaria sostuvo que hospitales permanecen durante «horas sin servicio eléctrico», mientras que estudiantes y docentes enfrentan dificultades para desarrollar sus actividades académicas en instituciones que no cuentan con sistemas de respaldo energético.
Nora Bracho afirmó que el «deterioro» progresivo del Sistema Eléctrico Nacional responde a diversos factores, entre ellos presuntos casos de «corrupción, la desprofesionalización del sector y la designación de personas sin la preparación técnica necesaria para dirigir áreas estratégicas».
En ese sentido, indicó que el Grupo Parlamentario Libertad considera que la nueva legislación podría representar una oportunidad para impulsar cambios en el sector, aunque insistió en que el texto debe ser discutido con mayor amplitud antes de su aprobación definitiva.
“La ley no debe limitarse únicamente al modelo económico. También debe abordar aspectos relacionados con las tarifas, la calidad del servicio y otros temas que afectan directamente a los ciudadanos”, manifestó.
Nora Bracho informó que el bloque parlamentario remitió una comunicación al ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, solicitando información detallada sobre la situación del sistema eléctrico nacional.
Según explicó, el documento incluye preguntas sobre el estado real de la infraestructura eléctrica, los criterios utilizados para el racionamiento y la distribución de carga, así como las condiciones específicas del servicio en el estado Zulia, una de las regiones más afectadas por los apagones.
La dirigente señaló que hasta la fecha no han recibido respuesta oficial a la comunicación, la cual fue consignada el pasado 5 de junio tanto ante el ministerio como ante la Secretaría de la Asamblea Nacional.
Asimismo, recordó que el Reglamento Interior y de Debates establece que las respuestas a este tipo de solicitudes deben ser remitidas por escrito dentro de un lapso de tres días continuos desde su recepción.
También mencionó las dificultades que enfrentan los ciudadanos de la entidad debido a las altas temperaturas, que pueden superar los 40 grados de sensación térmica durante los apagones.
Solicitan información sobre inversiones y daños patrimoniales
Entre las preguntas formuladas al ministerio, Nora Bracho señaló que solicitaron información sobre los montos invertidos en el sistema eléctrico, los proyectos de recuperación en ejecución y las iniciativas previstas para estabilizar el servicio.
«Y sobre la transparencia y la rendición de cuentas también le hemos preguntado al ministro que nos informe cuánto se ha invertido en el sistema, en la reparación y qué proyectos tienen para inversión para de alguna forma minimizar esta tragedia», dijo.
Igualmente, pidió aclarar qué medidas podrían adoptarse para atender los daños patrimoniales sufridos por los ciudadanos debido a las fluctuaciones y cortes eléctricos, incluyendo pérdidas de electrodomésticos, equipos de aire acondicionado, alimentos y otros bienes.
Durante el intercambio con los medios, Nora Bracho recordó que en años anteriores se denunciaron presuntas «irregularidades» relacionadas con inversiones en el sector eléctrico y afirmó que el Grupo Parlamentario Libertad continuará solicitando información sobre proyectos como la Central Hidroeléctrica Tocoma y otros planes de infraestructura energética.
Apertura a la inversión privada
Sobre el contenido del proyecto de ley, Nora Bracho indicó que la propuesta contempla un modelo que permitiría una mayor participación de la inversión privada en el sector eléctrico, una medida que consideró positiva tras años de gestión exclusivamente estatal.
No obstante, reiteró que el debate no debe limitarse al esquema económico y que resulta indispensable incorporar las opiniones de expertos, ingenieros, académicos y organizaciones especializadas antes de proceder a la segunda discusión del instrumento legal.
(Con información de El Cooperante)
