El gobierno nacional anunció este miércoles el inicio formal de un proceso “integral y ordenado” de reestructuración de la deuda pública externa y de la estatal Pdvsa, tras la reciente autorización emitida por Estados Unidos para permitir ciertos servicios legales, financieros y de consultoría vinculados a una renegociación de compromisos financieros del país.
En un comunicado difundido por el Ministerio de Economía en Instagram, la administración encabezada por Delcy Rodríguez, aseguró que la medida busca “poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada, garantizando su futuro y un renacer de prosperidad, justicia e igualdad”.
El Ejecutivo sostuvo que Venezuela mantuvo durante años el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, pero afirmó que las sanciones financieras impuestas desde 2017 limitaron su capacidad para seguir honrando esos compromisos y restringieron el acceso a mecanismos normales de financiamiento.
“Por demasiado tiempo, el país ha sido privado del acceso normal al financiamiento y su economía perdió capacidad para invertir en salud, electricidad, agua, educación, infraestructura, recuperación productiva y el bienestar de su población. El pueblo venezolano demostró gran resiliencia para afrontar esta situación”, añadió.
El gobierno también señaló que el país atraviesa una “oportunidad histórica” para ampliar su potencial económico mediante nuevas “agendas diplomáticas constructivas y productivas”, con el objetivo de estabilizar la economía, atraer inversiones y “mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”.
“Esta es una decisión responsable, nacionalista y social. Su objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”, prosiguió.
En ese sentido, indicó que la reestructuración busca lograr un “alivio sustancial” de la deuda, “permitiendo el crecimiento inclusivo y (la) creación de empleos, vislumbrando un renacer de desarrollo y prosperidad”.
“Los recursos de la nación deben destinarse, ante todo, al bienestar del pueblo de Venezuela y no ser consumidos por obligaciones financieras insostenibles”, destacó.
Finalmente, aseguró que Venezuela cumplirá con sus compromisos de “manera sostenible” y en las condiciones que el pueblo venezolano “merece, construyendo un camino sólido para recuperar bienestar, justicia e igualdad social”.
En contexto
La decisión fue anunciada una semana después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitiera el pasado 5 de mayo una licencia general que autoriza determinados servicios relacionados con la reestructuración de deuda venezolana.
La medida permite la prestación de asesorías legales, financieras y de consultoría que sean incidentales y necesarios en relación con la reestructuración de deuda del Gobierno, incluyendo a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), así como de las entidades en las que esta empresa estatal posea, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50 %.
La licencia precisa que los servicios autorizados incluyen la evaluación, desarrollo y preparación de opciones de reestructuración de deuda, así como propuestas y materiales de apoyo relacionados con dicho proceso.
Sin embargo, la licencia establece limitaciones específicas. No permite la reestructuración, transferencia o liquidación de deuda ni negociaciones directas entre el Gobierno venezolano, Pdvsa o sus entidades y los acreedores. Tampoco autoriza pagos en condiciones no comerciales ni operaciones que involucren oro, criptomonedas o activos digitales emitidos por el Estado venezolano, incluido el petro.
Asimismo, la licencia prohíbe la celebración de acuerdos de liquidación o la ejecución de cualquier gravamen, sentencia, laudo arbitral, decreto u otra orden mediante embargo, ejecución u otro proceso judicial que pretenda transferir, alterar o afectar bienes o intereses en bienes bloqueados conforme a las regulaciones de sanciones a Venezuela.
Además, excluye cualquier transacción vinculada con personas o entidades ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, así como operaciones relacionadas con individuos sancionados e incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC, salvo algunas excepciones asociadas a Pdvsa.
Finalmente, la OFAC establece que cualquier contrato firmado bajo esta autorización deberá ser remitido a las autoridades estadounidenses dentro de los 10 días hábiles siguientes a su suscripción, a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin.
(Con información de El Cooperante)
