La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) llamó este miércoles a «garantizar la independencia» del sistema judicial venezolano en el actual proceso para elegir al nuevo fiscal general y al defensor del pueblo, subrayando que estas designaciones deben responder a criterios de «autonomía institucional» y no a «intereses políticos».
En un comunicado, la coalición opositora advirtió que el país ha padecido durante más de dos décadas una política orientada a la «cooptación» de las instituciones del Estado y manifestó su preocupación por posibles «acuerdos opacos» que puedan influir en la selección de los titulares de estas importantes funciones públicas.
La PUD resaltó que la autonomía del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo es «indispensable para garantizar investigaciones imparciales, el acceso a la justicia y el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado».
Además, recordó que la Constitución establece que el Ministerio Público debe dirigir la investigación penal, ejercer la acción penal en nombre del Estado y velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales.
La organización enfatizó que el cargo de fiscal general es «clave» para asegurar el respeto al debido proceso, investigar abusos de poder y «poner fin a la utilización del sistema penal como herramienta de persecución política». “No se trata de un cargo administrativo más: es fundamental para reconstruir el Estado de derecho y evitar que las instituciones se utilicen para encarcelar, intimidar o silenciar a quienes piensan distinto”, señaló la PUD.
La PUD señala los nombramientos como parte de un «proceso de transición democrática»
Sostuvo que la designación de las autoridades del Poder Ciudadano «no puede formar parte de acuerdos políticos» y que su independencia es una condición «imprescindible para cualquier proceso real de democratización».
El comunicado también subrayó que, según el debate internacional sobre el futuro de Venezuela, el país atraviesa diferentes etapas hacia la «normalización institucional, estabilización, recuperación y transición democrática», y que la reconstrucción de un sistema de justicia independiente constituye un «requisito esencial para garantizar una verdadera transición política y el restablecimiento pleno de las libertades».
Además, la coalición reiteró que la designación de un fiscal general y un defensor del pueblo verdaderamente independientes debe formar parte de ese proceso de transición democrática, en lugar de acuerdos que prolonguen la subordinación política de las instituciones.
“Venezuela necesita y exige instituciones verdaderamente independientes, plenamente apegadas al mandato constitucional y al servicio de la ley, de la libertad y de los derechos de todos los venezolanos, y no funcionarios sometidos a un régimen que pretende perpetuar el control sobre los órganos fundamentales del Estado”, concluyó la Plataforma Unitaria.
(Con información de El Cooperante)
