Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, fue excarcelado este domingo 1 de febrero, luego de cuatro años de detención.
La organización no gubernamental Foro Penal publicó este domingo en sus cuentas en redes sociales una fotografía del activista, quien visitó la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria para agradecer a san José Gregorio Hernández.
"Confirmamos desde el Foro Penal la excarcelación del defensor de derechos humanos José Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, arbitrariamente detenido en Venezuela desde el 02/07/2021", escribieron.
Luego de esto, explicaron que está ahora junto a su madre y hermano José Rafael Tarazona, quien también fue preso político en Venezuela.
Su hermano Rafael también compartió un mensaje en el que escribió: "Hoy 1 de febrero, luego de 1675 días, 4 años y 7 meses, llegó este tan anhelado día, mi Hno Javier Tarazona está en libertad".
Además de esto, comentó: "Gracias a cada uno de los que han hecho posible este momento. La libertad de uno es la esperanza de todos".
Javier Tarazona: detalles de su detención
El caso de Javier Tarazona es uno de los emblemas más significativos sobre la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela en los últimos años. Como director de la ONG Fundaredes, Tarazona se dedicó a denunciar la presencia de grupos armados irregulares en la frontera.
En marzo de 2021, se desataron enfrentamientos en el estado Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y facciones de las disidencias de las FARC.
El activista fue la principal fuente de información independiente, denunciando ejecuciones extrajudiciales (como el caso de una familia en El Ripial), desplazamientos forzados de miles de venezolanos hacia Colombia y la supuesta protección del Estado a ciertos grupos guerrilleros.
El 2 de julio de 2021, Tarazona fue detenido en Coro (estado Falcón) junto a otros activistas de Fundaredes cuando acudían a la oficina del Ministerio Público para denunciar que estaban siendo hostigados por agentes de seguridad.
Se le imputaron delitos graves bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo: traición a la patria, terrorismo e incitación al odio.
La fiscalía argumentó que sus denuncias buscaban "desestabilizar" y "generar alarma" para justificar una intervención extranjera. Su proceso ha estado marcado por diferimientos constantes de audiencias, lo que sus abogados califican como una "pena anticipada".
Durante años, organizaciones nacionales e internacionales exigían su libertad, pues aseguraban que no cometió delito y que además se deterioró su salud mientras estaba encarcelado.
(Con información de El Nacional)
