La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las restricciones arbitrarias que continúan enfrentando periodistas excarcelados recientemente en Venezuela.
A través de sus redes sociales, la Relatoría indicó que entre las medidas documentadas contra los comunicadores figuran prohibiciones de salida del país, regímenes de presentación periódica ante tribunales y limitaciones para hablar públicamente sobre sus casos, lo que, según la oficina, afecta gravemente su derecho a la libertad de expresión y dificulta su reinserción profesional.
Medidas afectan a los periodistas excarcelados
La Relatoría ha recibido testimonios de periodistas excarcelados que señalan que las condiciones impuestas por los tribunales complican aún más su situación jurídica y personal, especialmente cuando algunos arrastran problemas de salud preexistentes agravados por el tiempo en detención.
En casos extremos, como el del comunicador Ramón Centeno, excarcelado el 14 de enero, se ha alertado sobre la necesidad de cirugías urgentes que se han visto postergadas por el marco de restricciones, indicó la oficina.
Centeno acudió el lunes al Palacio de Justicia en Caracas, pero el tribunal postergó nuevamente su audiencia de juicio. Todo esto pese a que el joven se trasladó al lugar en silla de ruedas y tuvo que ser cargado por las escaleras con ayuda de sus familiares.
En informes y documentos anteriores, la CIDH ha señalado que en Venezuela hay un entorno adverso para la libertad de expresión, marcado por el uso de leyes penales para procesar a periodistas, la criminalización de la disidencia y múltiples obstáculos para el ejercicio del periodismo independiente. Estas condiciones, según el organismo, generan temor y autocensura entre los comunicadores y restringen significativamente el acceso a información crítica.
Denuncias sobre condiciones judiciales y libertades restringidas
Organizaciones civiles han insistido en que las excarcelaciones anunciadas, incluidas las de periodistas, no implican una liberación plena, sino la concesión de medidas sustitutivas a la privativa de libertad bajo condiciones estrictas.
Este tipo de medidas mantiene activos los procesos judiciales y expone a los beneficiarios a posibles sanciones si incumplen sus obligaciones, como presentarse periódicamente ante los tribunales o no salir del país. Grupos defensores de derechos humanos han denunciado también que a algunos de los liberados se les ha amenazado y presionado para no relatar los hechos ocurridos durante su detención.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a cargo del abogado colombiano Pedro Vaca, forma parte de la CIDH y tiene el mandato de supervisar el cumplimiento de los derechos de libertad de expresión y prensa en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su trabajo incluye recibir denuncias, emitir comunicados de prensa y recomendaciones, y llamar la atención de la comunidad internacional cuando se documentan violaciones de derechos en la región.
(Con información de El Nacional)
