Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes que, a un año de las elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro continúa cometiendo abusos generalizados contra críticos, incluyendo detenciones con motivaciones políticas, utilizando el patrón de "puerta giratoria".
“Las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos contra sus críticos”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División las Américas de Human Rights Watch.
Y agregó: “Las recientes excarcelaciones de personas que fueron detenidas arbitrariamente no ocultan el hecho de que cientos de presos políticos siguen tras las rejas”.
Operación Tun Tun: intimidar, acosar y perseguir
La organización denunció que desde el 28 de julio de 2024, el régimen venezolano ha lanzado una campaña represiva denominada Operación Tun Tun, "destinada a intimidar, acosar y perseguir a la población".
De acuerdo con HRW, estas acciones han incluido asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias.
HRW detalló que muchos detenidos han sido acusados de delitos ambiguos como "incitación al odio" y "terrorismo", enfrentando penas de hasta 30 años de cárcel.
"Algunos detenidos han permanecido incomunicados durante meses. Entre ellos, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Jesús Armas, Enrique Márquez y Eduardo Torres", destacó el informe.
Asimismo, muchos han sufrido torturas y malos tratos, incluyendo "palizas, descargas eléctricas y asfixia con bolsas de plástico, aislamiento y reclusión en celdas de castigo diminutas, oscuras y hacinadas".
HRW denuncia patrón de puerta giratoria
HRW afirmó que el gobierno de Maduro lleva años aplicando un patrón de ‘puerta giratoria’, por el que se libera a algunos políticos presos para apaciguar las críticas, al tiempo que se detiene a otros.
Recordó en su informe que desde las últimas excarcelaciones, alrededor de 40 críticos han sido detenidos, según el reporte de la organización Vente Venezuela.
“Los gobiernos extranjeros, incluyendo el de Estados Unidos, deben entender esta manipulación del gobierno venezolano, que libera a algunos presos políticos mientras detiene a otros y consolida su régimen autoritario”.
Ante ello, Human Rights Watch instó a los gobiernos extranjeros a apoyar plenamente los esfuerzos en curso para garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos contra los derechos humanos en Venezuela, además de explorar formas de presionar a los gobiernos y a los actores económicos que contribuyen a la represión.
Mencionó además el ampliar el apoyo a la sociedad civil, a los periodistas independientes y a otras personas que trabajan para promover la democracia y los derechos humanos; y aumentar, de manera urgente, la protección de todas las personas que se ven obligadas a abandonar el país.
La organización también recomendó a la comunidad internacional aprovechar todas las oportunidades para impulsar avances significativos en materia de derechos humanos en Venezuela, empleando foros regionales e internacionales, incluyendo la próxima cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebrará en Colombia en noviembre.
El Vaticano también debería aprovechar la próxima canonización de dos ciudadanos venezolanos, prevista para octubre, como una oportunidad para impulsar la liberación incondicional de todos los presos políticos, señaló Human Rights Watch.
“Un año después de las elecciones de 2024, muchos venezolanos siguen arriesgando su vida y su libertad para promover la democracia. Los gobiernos que mantienen relaciones con Maduro no deberían conformarse con liberaciones aisladas de presos: deben exigir mejoras sustanciales y duraderas en materia de derechos humanos para desmantelar la maquinaria de terror estatal en el país”, concluyó Goebertus.
Presos políticos en Venezuela
La ONG Foro Penal actualizó en su más reciente informe, difundido el jueves pasado, la cifra de presos políticos en Venezuela, que se redujo a 853, tras las recientes excarcelaciones registradas en los últimos días.
La organización informó que, hasta el 21 de julio, 759 hombres y 94 mujeres permanecían encarcelados por motivos políticos en el país.
Además, 849 son adultos y cuatro adolescentes con edades entre 14 y 17 años. En la lista de detenidos se incluye a 81 personas con nacionalidad extranjera
(Con información de El Nacional)
