La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual que expone, una vez más, las gravísimas violaciones de derechos humanos en países de América Latina, con enfoque particular en el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Este trabajo de 1.208 páginas, que revisa también las situaciones en Cuba, Nicaragua y otros países de la región, dejó en evidencia el carácter autoritario y represivo de Maduro.
No solo señaló las constantes violaciones en Venezuela, sino que situó a Maduro en el centro de las acusaciones de abuso de poder, terrorismo de Estado y fraude electoral.
La CIDH condenó las prácticas de terrorismo de Estado que, según señala, han sido utilizadas para silenciar a los opositores y disidentes. «La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes», afirmó.
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas
El informe mencionó un amplio espectro de violaciones, desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles hasta la cancelación de pasaportes y las constantes violaciones a la libertad de expresión.
Entre los crímenes más graves, la CIDH indicó que las fuerzas de seguridad del Estado, junto con los grupos paramilitares conocidos como colectivos, tienen presunta responsabilidad en asesinatos y represalias contra ciudadanos que se opusieron al régimen.
El fraude electoral de 2024, un proceso viciado
La CIDH abordó asimismo las irregularidades de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro se reelegió mediante un fraude que, afirmó la comisión, fue facilitado por una estrategia represiva coordinada que comenzó mucho antes de la votación.
«Antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, el régimen implementó una estrategia represiva para perpetuarse ilegítimamente en el poder», señaló el informe.
También detalló cómo se utilizaron las instituciones del Estado para obstaculizar la participación de la oposición y garantizar la supuesta victoria de Maduro.
Las acusaciones incluyen el uso de las fuerzas de seguridad para reprimir a los opositores, la censura a los medios y una serie de medidas que impidieron la realización de una contienda electoral libre y justa.
En particular, el Panel de las Naciones Unidas concluyó que el proceso de gestión de resultados del Consejo Nacional Electoral careció de transparencia y no cumplió con las disposiciones legales nacionales, lo que pone en duda la legitimidad de los resultados.
Reacción del régimen: represión, amenazas y terrorismo de Estado
Tras las denuncias de fraude, cientos de protestas estallaron en todo el país. En respuesta, el régimen intensificó la represión, utilizando prácticas de terrorismo de Estado, como el allanamiento de viviendas, la detención de opositores y la censura violenta de cualquier voz disidente.
El informe indicó cómo las fuerzas de seguridad, junto con los colectivos, presuntamente actuaron bajo la directa autorización de las autoridades del régimen, contribuyendo a crear un clima de terror en todo el país.
El 17 de julio de 2024, Maduro amenazó con un «baño de sangre» si la oposición lograba una victoria electoral, mientras que en un acto público posterior mencionó la Operación Tun Tun, que consistía en hostigar y buscar a opositores para proceder con su detención.
Según la CIDH, al menos 10 muertes fueron atribuidas a las fuerzas estatales, mientras que 6 más las cometieron los colectivos. Las víctimas, muchas de ellas baleadas en la cabeza, cuello y torso, sufrieron una brutalidad sin precedentes por parte de las autoridades, indicó.
La represión a la prensa: un ataque sistemático a la libertad de expresión
Otro aspecto que el informe de la CIDH puntualizó es la persecución a los medios de comunicación. En 2024, las autoridades venezolanas intensificaron la represión contra periodistas y fotógrafos, utilizando la Ley Contra el Odio para judicializar el trabajo de los profesionales de la información.
La CIDH registró además un patrón de detenciones, allanamientos, confiscación de equipos y amenazas a los medios de comunicación, creando un ambiente de temor que ha silenciado a muchas voces críticas de Maduro.
La represión a los periodistas incluyó también la deportación de corresponsales internacionales y la prohibición de su ingreso al país, lo que ha llevado a muchos a autocensurarse para evitar ser blanco de nuevas agresiones.
Condiciones en las cárceles
La alarmante situación de los prisioneros en Venezuela también ocupó un lugar en el informe. Con población carcelaria de aproximadamente 58.000 personas, las cárceles del país están caracterizadas por el hacinamiento, la corrupción y los malos tratos.
La falta de datos oficiales sobre la cantidad de detenidos y las condiciones deplorables de las instalaciones penitenciarias han hecho de la prisión un lugar de violación continua de derechos humanos, de acuerdo con la CIDH.
(Con información de El Nacional)
