El informe anual de Amnistía Internacional revela una situación alarmante en Venezuela, marcada por represión de las protestas poselectorales, con al menos 900 personas detenidas arbitrariamente, reportes de tortura y deterioro constante en las condiciones de detención.
“Entre el 28 de julio y el 1 de agosto, al menos 24 personas perdieron la vida; muchas de estas muertes podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales, incluyendo a dos menores entre las víctimas”, señala la organización pro derechos humanos en su informe correspondiente a 2024 publicado este martes.
Indica que para octubre del año pasado, la ONG Foro Penal había documentado más de 1.900 arrestos, entre ellos 129 niños. Afirma que muchos de los detenidos sufrieron desapariciones forzadas durante días y fueron llevados ante tribunales antiterroristas sin las garantías procesales adecuadas, imputándoseles cargos relacionados con el terrorismo.
Expresa profunda preocupación ante las denuncias de torturas y tratos crueles infligidos a los detenidos, entre ellos niños y mujeres, que fueron sometidos a golpizas, asfixia, descargas eléctricas, amenazas y violencia sexual..
Amnistía Internacional denuncia asimismo que las condiciones en los centros de detención siguen empeorando: “El hacinamiento extremo, la falta de acceso a alimentos y agua potable, así como una atención médica inadecuada son comunes”..
Venezolanos en el extranjero sufren expulsiones ilegales
La ONG señala que la crisis humanitaria en Venezuela “ha llevado a más de 7,89 millones de personas a abandonar el país”.
Añade que muchas de esas personas enfrentan expulsiones ilegales y prolongadas detenciones administrativas en el extranjero, pobreza extrema, xenofobia y barreras para acceder a los servicios básicos, además de dificultades para obtener estatus de refugiado o protección internacional.
Recordó la reciente expulsión de 238 venezolanos de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de orden judicial que prohibía expresamente su traslado.
“Este acto no solo representa un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno del presidente Donald Trump”, afirma.
Aumento alarmante de ataques contra defensores de derechos
La organización también señaló: “El Centro para los Defensores y la Justicia documentó un alarmante aumento de ataques contra defensores, pasando de 524 en 2023 a 979 en 2024”.
En casos como los de Javier Tarazona y Rocío San Miguel, precisa Amnistía Internacional, se evidenció un sistema represivo al ser detenidos arbitrariamente y desaparecidos de manera forzada.
Numerosas violaciones de la libertad de expresión en el país
“Se registraron al menos 507 violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la detención arbitraria de al menos 12 periodistas durante o después de las protestas poselectorales”, denuncia Amnistía Internacional.
Subrayó que las autoridades han confiscado equipos de trabajo y cerrado al menos 14 emisoras de radio a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
También le atribuye restricciones al acceso a redes sociales como X (antes Twitter), y aumento en ataques de phishing dirigidos a cuentas de periodistas.
Altos índices de pobreza y violaciones de derechos humanos
La organización señala que 82% de la población vive en condiciones de pobreza, con 53% sumido en la pobreza extrema. El salario promedio apenas supera los 3 dólares.
“La población continúa careciendo de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica, con un sistema de salud pública colapsado y escasez de medicamentos esenciales”, señala el informe.
Destaca que los derechos de la mujer y las personas LGBTI siguen siendo violados.
“Se registraron numerosos casos de violencia de género y feminicidios. No se observaron avances significativos en la garantía de los derechos de las personas LGBTI”, dice.
Minería ilegal amenaza a pueblos indígenas y sus territorios
Amnistía Internacional también se refirió a la situación del Arco Minero del Orinoco, donde la minería ilegal amenaza a los pueblos indígenas, provocando desplazamientos forzados, contaminación ambiental y destrucción de sus territorios.
Celebra que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha renovado el mandato de la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela. Esto resalta, indica, la preocupación internacionales sobre el país.
La ONG hace un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que detengan la represión, liberen inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, aseguren el debido proceso y garanticen la integridad física y psicológica de los detenidos. También exige el acceso sin restricciones a organizaciones internacionales dedicadas a los derechos humanos.
Manifiesta profunda preocupación por las expulsiones masivas de ciudadanos venezolanos en la región, como la que ocurrió en Estados Unidos, y plantea la necesidad urgente de garantizar los derechos humanos de esas personas y facilitar su acceso a protección internacional.
HRW denunció asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras elecciones de 2024
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos durante las protestas y en los meses posteriores a las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en 2024.
En un reciente informe, basado en más de 100 entrevistas con víctimas, sus familiares, testigos y miembros de organizaciones de derechos humanos, así como en el análisis y la verificación de más de 90 videos y fotografías, la organización documentó las violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como colectivos, desde julio del año pasado.
«Human Rights Watch recibió información creíble sobre 25 asesinatos ocurridos durante las protestas que tuvieron lugar en Venezuela inmediatamente después de las elecciones. La mayoría de estos asesinatos se produjeron los días 29 y 30 de julio. Las víctimas, en su mayoría, eran menores de 40 años y procedían de barrios de escasos recursos. Human Rights Watch recopiló evidencia creíble que implica a las fuerzas de seguridad venezolanas en algunos de estos asesinatos; en otros, los “colectivos” parecen ser los responsables», reveló el documento.
Desde las elecciones de julio, más de 2.000 personas vinculadas a las protestas poselectorales o con actividades de oposición política y defensa de los derechos humanos fueron detenidas y enfrentaron procesos judiciales plagados de abusos, denunció la organización. Aunque según el Ministerio Publico la mayoría ha sido liberada, muchas fueron obligados a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su detención o los procesos judiciales.
Las autoridades han negado de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas o se han negado a proporcionar información sobre su paradero a los familiares, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional.
HRW indicó que la represión poselectoral ha obligado a funcionarios electos, autoridades locales, coordinadores de campaña, personal de los centros de votación, defensores de derechos humanos y periodistas a abandonar el país. Muchos buscan protección en el exterior enfrentando sistemas de asilo plagados de retrasos en América Latina y procesos de reasentamiento hacia Estados Unidos que han sido suspendidos por el gobierno de Donald Trump.
«Una década después de que Maduro asumiera el poder, los esfuerzos nacionales e internacionales para proteger los derechos humanos en Venezuela se encuentran en un momento crítico. Pese a las críticas de la mayoría de los gobiernos contra el autoritarismo de Maduro, la represión en Venezuela no ha hecho más que intensificarse», alertó la organización.
HRW pide a gobiernos defender derechos humanos en Venezuela
Destacaron que en lugar de abandonar la defensa de los derechos humanos en Venezuela, los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos deberían construir sobre los limitados avances alcanzados hasta el momento. «Las elecciones de julio de 2024 y lo que ocurrió posteriormente privaron al gobierno venezolano de cualquier legitimidad democrática y contribuyeron a impulsar una renovada condena global sobre los abusos de Maduro».
Hasta la fecha, dice el informe, los esfuerzos internacionales y locales no han logrado alterar los incentivos internos del régimen de Maduro, que premian a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas, para asegurar su lealtad, mientras castigan, torturan y obligan a exiliarse a los críticos, opositores e incluso a los miembros de las fuerzas de seguridad que apoyan la democracia y los derechos humanos.
«Para desmontar estos incentivos, los gobiernos extranjeros deberían apoyar plenamente los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores de violaciones de derechos humanos en Venezuela», destacó el documento de HRW.
También instó a la comunidad internacional a explorar maneras de limitar la asistencia de gobiernos extranjeros a la represión en Venezuela, así como a asegurarse de que «cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro busque mejoras verificables, aunque sean graduales o por etapas, en materia de derechos humanos; particularmente en la liberación de personas, tanto nacionales como extranjeras, que han sido forzosamente desaparecidas o detenidas arbitrariamente».
«Es importante que la comunidad internacional amplíe su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil venezolana, a los periodistas independientes y a otras personas que defienden la democracia y los derechos humanos. También debería ampliar urgentemente las medidas de protección para quienes se ven obligados a abandonar el país como consecuencia de la persecución y otras formas de abuso», concluye el informe.
(Con informaciones de El Nacional)
