En una declaración conjunta, catorce países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluyendo EE.UU., rechazaron el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro el pasado viernes, por carecer de legitimidad democrática y aludiendo la falta de pruebas verificables de integridad electoral.
Preocupados por el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela, las delegaciones instaron a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional en Venezuela.
El documento fue emitido por las delegaciones de la OEA de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Restablecer orden democrático para una transición pacífica
Citando los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, continúa la declaración, los países firmantes le exigen al "régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático" para dar paso a una transición pacífica.
Estos catorce países, que en su totalidad desconocen el triunfo de Maduro -otorgado por el Concejo Nacional Electoral (CNE)- y reivindican la victoria en las elecciones del pasado 28 de julio del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exigen también al "régimen dictatorial venezolano" respeto de los derechos humanos y el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos sin represalias.
Solidaridad con el pueblo venezolano
Citando las persistentes violaciones de los derechos humanos, sigue el documento, así como los hechos del 9 y 10 de enero de 2025 -cuando se presentaron manifestaciones contra la investidura de Maduro y su posterior posesión al cargo para un nuevo sexenio, respectivamente- expresaron su solidaridad con aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su país.
Reafirmaron también su solidaridad con el pueblo venezolano y urgieron al líder chavista el pleno respeto al derecho internacional, así como reconocieron los extraordinarios esfuerzos de los países de acogida para recibir a migrantes y refugiados venezolanos, prosigue el texto.
González Urrutia, que arribó el martes a Guatemala y continuará su gira por la región en Costa Rica, aseguró que está en busca de las condiciones para llegar a Venezuela y tomar posesión de la presidencia y pidió a sus compatriotas prepararse para volver a su país.
El pasado 28 de julio, González Urrutia se enfrentó en las urnas con Nicolás Maduro, en unos comicios presidenciales que el bloque opositor afirma haber ganado, según las actas que asegura haber reunido, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano decretó la victoria del líder chavista.
(Con información de Efe)
Informe Mundial de HRW: La toma de posesión de Maduro consolida el autoritarismo
La toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el 10 de enero consolida del autoritarismo en el país, según el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch
“Durante 2024, el gobierno venezolano emprendió una represión brutal para silenciar la crítica y aferrarse al poder. La toma de posesión de Maduro es el resultado final de una elección que desconoció abiertamente la voluntad del pueblo, y consolida el autoritarismo en Venezuela”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
La represión política, que comenzó antes de las elecciones del 28 de julio y se intensificó tras el anuncio de los resultados sin evidencia que los respaldara, refleja la profundización de un régimen que ignora los derechos humanos y la voluntad popular.
Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch, explica asimismo que, en 2024, los gobiernos autoritarios de diversas partes del mundo reforzaron su control mediante la represión y el encarcelamiento injusto de opositores, activistas y periodistas.
Un proceso electoral marcado por el fraude
Esta tendencia se reflejó claramente en Venezuela, subraya la ONG, donde el régimen de Maduro utilizó la violencia y el fraude electoral para aferrarse al poder, afianzando así un régimen autoritario cada vez más represivo.
Según la organización, las irregularidades electorales fueron evidentes desde el inicio, con el Consejo Nacional Electoral negándose a presentar las actas de escrutinio que justificaran la proclamación de Maduro como ganador.
Además, observadores internacionales, incluidos expertos de las Naciones Unidas y el Centro Carter, expresaron serias dudas sobre la legitimidad de los resultados y afirmaron que las actas recabadas por la oposición indicaban una victoria de Edmundo González, el candidato opositor.
La represión tras los resultados anunciados
El anuncio de los resultados desató una oleada de protestas en las calles, donde miles de venezolanos exigieron un conteo justo de los votos. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue violenta.
Human Rights Watch afirma que fuerzas de seguridad y colectivos armados chavistas atacaron a los manifestantes con brutalidad. En total, 23 personas fueron asesinadas durante las protestas, y decenas de manifestantes y a críticos del régimen, incluidos adolescentes, los detuvieron y sometieron a procesos arbitrarios.
Una crisis humanitaria y un exilio masivo
La toma de posesión de Maduro ocurre en un contexto de crisis humanitaria sin precedentes.
HRW puntualiza que más de 20 millones de venezolanos viven en condiciones de pobreza extrema, con acceso limitado a bienes y servicios esenciales. Mientras tanto, el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU sigue gravemente desfinanciado, con menos de 28% de los fondos necesarios para hacer frente a las necesidades de la población.
Desde 2014, agrega, aproximadamente 8 millones de venezolanos han huido del país y cerca de 43% de los que están dentro de sus fronteras contemplan la posibilidad de emigrar debido a la creciente inseguridad y falta de perspectivas.
Human Rights Watch pidió a la comunidad internacional respaldar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.
En particular, insta a apoyar la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a imponer sanciones individuales a los responsables de estos abusos. Además, solicita que se amplíe el acceso a refugio y otras formas de protección internacional para los venezolanos que huyen de la violencia y la opresión.
(Con información de El Nacional)
