De acuerdo con datos de EY Venezuela, citados por
Conindustria, durante los últimos 13 años, que incluyen el período económico
más crítico de la historia contemporánea del país, la carga impositiva en
Venezuela ha absorbido más de 50% de las utilidades de las empresas.
En 2023, la tributación interna acaparó, en promedio, 58,71%
de las utilidades empresariales y con la nueva contribución especial para el
pago de pensiones, la carga tributaria se elevará en 3,4% adicional, según las
estimaciones de Conindustria.
De hecho, en la más reciente Encuesta de Coyuntura
Industrial del gremio manufacturero, correspondiente al primer trimestre de
2024, 90% de los encuestados puso en primer lugar a la excesiva presión
tributaria entre los principales factores que impactan negativamente a la
producción manufacturera nacional.
Más aún, en comparación con la encuesta de coyuntura del
cuarto trimestre del año pasado, la proporción de industriales que ven a la
tributación interna como su principal obstáculo subió de 76% a 90%.
Sin embargo, el presidente de Conindustria, Luigi Pisella,
no anticipa fuertes impactos negativos derivados de la aplicación de la Ley de
Protección de Pensiones de Seguridad Social contra el Bloqueo Imperialista.
Pisella, de hecho, descartó que se pudieran producir
reducciones de personal, a raíz de la imposición de esta contribución de 9% de
la nómina total a un nuevo fondo especial de pensiones; pero sí advirtió que en
el corto plazo pudieran frenarse los ajustes salariales, ya que se deben
precisar los efectos de esta carga en las estructuras de costos.
El dirigente del principal gremio manufacturero del país
insistió en que el sector privado está de acuerdo con contribuir con la mejora
de las pensiones, a pesar de que «nosotros estamos débiles. No estamos bien
todavía; sin embargo, vamos a acompañar a esta Ley, pero ahora tenemos que ver
en qué situación quedamos en materia de flujo de caja».
Faltan avances claves
para la aplicación de la Ley de Armonización Tributaria.
Para el presidente de Conindustria, la legislación laboral
debe ser revisada integralmente, «porque la retroactividad de las prestaciones
sociales hizo que el salario se quedara congelado y para tratar de mejorar el
poder adquisitivo de nuestros trabajadores, hemos recurrido a la bonificación,
ya que de esa manera se aumentaba el poder adquisitivo de las personas».
Pisella dice que las contribuciones que se pagan al sistema
de pensiones son insuficientes, ya que apenas lograr cubrir un mes de los 14
meses al año que se pagan anualmente a jubilados y pensionados.
Sin embargo, advirtió que la nueva contribución de 9%
mensual para las pensiones implica un doble gravamen sobre la nómina de las
empresas, ya que esta nueva obligación no sustituye al pago regular al
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Igualmente, Pisella echó en falta un tope para la
contribución que indique un límite de salarios sobre los cuales calcular el
monto mensual.
Que paguen los
productos importados
El presidente de Conindustria explicó que esta contribución
es un eslabón más en la cadena que arrastra en retroceso a la competitividad de
la industria nacional, por lo que propuso que también los importadores paguen
esta contribución, en función de limitar este efecto.
Sin embargo, el dirigente gremial no explicó cómo
funcionaría el mecanismo para pechar a los productos importados.
Modificar el IVA y el
IGTF
Como parte de las propuestas compensatorias, Conindustria ha
planteado que se modifique el mecanismo para el pago del Impuesto al Valor
Agregado para que las empresas no sigan financiando «pagos adelantados» de este
tributo.
En este sentido, Pisella apunta que «muchas veces la
industria tiene que financiar el IVA y es ilógico, porque debe pagarse cada 15
días, lo que nos obliga a adelantar entre 15 y 30 días y en algunos casos,
incluso 90 días, pagos de un tributo sobre recursos que no hemos recaudado
efectivamente».
Igualmente, la industria propone reducir la alícuota del Impuesto
a las Grandes Transacciones Financieras en bolívares a 0,5% y que se amplíe la
base de contribuyentes a las importadoras, lo que, según los cálculos del
gremio industrial, permitiría recaudar una cantidad similar a la actual, con
una tasa de 2%.
El presidente de Conindustria señaló que el efecto del IGTF
es nocivo, porque «a pesar de que tiene una alícuota de 2%, cuando suma de
manera regular en toda la cadena esa carga acumulada nuestros productos se
encarecen hasta un 12% y así no podemos competir con los productos importados».
Hay que estimular la
formalidad
Con datos a la vista, el presidente de Conindustria sostiene
que no hay forma de que el régimen actual de pensiones sea financieramente
sostenible, porque las obligaciones que implica tener 5.500.000 pensionados y
jubilados no pueden ser cubiertas por 1.500.000 trabajadores activos que hay en
el país.
Luigi Pisella recordó que el modelo contributivo actual fue
sostenible en tiempos cuando el país contaba con 5 millones de trabajadores
activos y solo 400.000 pensionados. La situación cambió, porque ahora el pago
de pensiones no está vinculado directamente a la contribución, ya que no existe
un sistema real de ahorro previsional.
«Entonces, hay que formalizar a los que trabajan de manera
informal, a través de un proceso muy sencillo para que esos trabajadores hagan
un aporte y que exista un sistema de seguridad social que fomente la
formalización. Hemos hecho esta propuesta, porque la gran informalidad
empresarial hay que resolverla. En la medida en que se amplíe la base de
contribuyentes nos vamos a beneficiar todos», expone el presidente de
Conindustria.
Como respuesta inicial a los planteamientos de Conindustria,
la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, indicó al presidente del
ente empresarial que el gobierno está dispuesto a «revisar» la política
tributaria y que se harían anuncios sobre las propuestas del gremio
manufacturero.
(Con información de Banca y Negocios)
