Por EFE
Los operativos desplegados desde septiembre en cinco
cárceles de Venezuela, como parte de un plan gubernamental para desmantelar
estructuras criminales que operan en estos centros, han estado marcados, según
expertos, por irregularidades, fallas y una falta de información que ponen en
duda el éxito asegurado por las autoridades.
La prisión de Vista Hermosa, intervenida esta semana, es la
quinta tomada en menos de dos meses, luego de Tocorón —cuna de la organización
criminal transnacional Tren de Aragua—, Tocuyito, Puente Ayala y La Pica, para
el «reimpulso del sistema penitenciario» y la recuperación del «control total»
de estos centros, según el gobierno, que no explica cuándo se perdió ni por
qué.
El director general de la ONG Observatorio Venezolano de
Prisiones (OVP), Humberto Prado, considera «necesario que el gobierno retome la
autoridad en las cárceles», que «había entregado» a criminales, quienes desarrollaron
sus estructuras «bajo la mirada cómplice del Estado».
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| Humberto Prado |
Sin embargo, los balances oficiales han sido, según dijo
Prado a EFE, incompletos, y durante los operativos se han registrado fallas e
irregularidades relacionadas con traslados, fugas y muertes.
Además, cuestionó que la operación tuviera un enfoque
«militar» y «policial», en lugar de «social y penitenciario», con un despliegue
de funcionarios que consideró poco creíble, como en el caso de los «más de
11.000» que, según el gobierno, intervinieron Tocorón, una cantidad que «no
cabe» en este recinto.
Silencio
El experto insistió en que hay un total silencio sobre la
«situación de personas que han muerto», que fueron, según el OVP, cinco
reclusos los fallecidos durante el operativo en Tocuyito.
Señaló que uno, de 27 años, falleció al no recibir atención
médica por un ataque de epilepsia que sufrió en medio de la intervención, que
los funcionarios iniciaron «tirando bombas lacrimógenas».
«De esto no se habla, y a nosotros nos preocupa», dijo
Prado, quien aseguró que «tampoco ha habido información» suficiente sobre el
traslado de los reos a otros centros, lo que genera zozobra en familiares,
quienes, durante las intervenciones, se han plantado en los alrededores de los
recintos a exigir detalles del destino de sus parientes.
Por otra parte, el desalojo, según el director del OVP,
empeorará la situación de hacinamiento, que prevé se duplique, un problema que
—considera— podría evitarse con la reapertura de centros cerrados.
Según un estudio de la ONG, en 2022 se registró un
hacinamiento de 64,19% en las cárceles, con 33.558 reclusos para una «capacidad
real instalada» de 20.438 plazas.
El coordinador general de Una Ventana a la Libertad (UVL),
Carlos Nieto Palma, para quien estos operativos «sorpresa» demuestran el «caos
que existe en el sistema penitenciario», también alerta del aumento del
«hacinamiento ya existente en los demás recintos».
UVL ha denunciado la opacidad sobre los traslados de presos,
cuyos familiares han expresado su preocupación por las complicaciones para
movilizarse, no solo por problemas en el sistema de transporte, sino por los
costos.
La operación también contempla la búsqueda de fugados,
aunque el OVP cree que autoridades negociaron con criminales que tenían poder
en cárceles sus salidas previas a los operativos, y menciona el caso de Héctor
Guerrero, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua. El Ejecutivo niega que
hubiera «negociación alguna».
Un «secreto a voces»
En 2017, el gobierno aseguró que en 98% de las cárceles no
existían drogas, armas, mafias ni violencia.
No obstante, en el desarrollo de esta operación, se ha
encontrado armamento de guerra, como armas largas, granadas, explosivos,
lanzacohetes y municiones diversas, además de miles de cartuchos de «diferentes
calibres», celulares y «sustancias estupefacientes y psicotrópicas», según el
balance oficial.
Nicolás Maduro dijo, el 30 de octubre, que si se suman
«todas las armas largas» encontradas (en las primeras cuatro intervenciones)
«superan las 600».
El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos Ichaso
(c) habla durante un operativo de seguridad en el centro penitenciario Tocorón,
el 23 de septiembre de 2023 | EFE
Durante la operación, se han desmantelado centros de
conspiración y extorsión, mecanismos de esclavitud y estructuras criminales.
Para Prado, «no sorprenden nada» estos hallazgos, ya que era
«un secreto a voces», sobre todo la de Tocorón, con piscina, parques
infantiles, restaurantes, tiendas y edificaciones con aire acondicionado y
televisión satelital, según constató EFE, durante un recorrido parcial por el
centro.
Ahora, las autoridades insisten en que «jamás volverán a
hacerse presentes las estructuras criminales en Venezuela» ni en sus cárceles,
que —sostiene— van hacia un «proceso de renovación».
