La organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó en las últimas horas que fueron rechazadas las solicitudes de amnistía de cincuenta personas privadas de libertad por motivos políticos, vinculadas a la denominada causa «Plaza Venezuela” de agosto de 2025.
En un mensaje publicado en redes sociales, la ONG advirtió que la negativa a las solicitudes se llevó a cabo de forma «sistemática y sin fundamentos jurídicos», lo cual, a su juicio, «desnaturaliza el espíritu de la Ley de Amnistía», concebida como un «mecanismo de reconciliación nacional y de restitución de derechos para quienes han sido encarcelados por razones políticas».
La Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 febrero de 2026 por la Asamblea Nacional (AN), fue presentada como una herramienta para liberar a cientos de personas detenidas por motivos políticos y facilitar la convivencia democrática. No obstante, sectores de la sociedad civil y familiares han señalado «deficiencias en su aplicación y restricciones en su alcance».
En un comunicado, la JEP subrayó que la «falta de motivación legal en las decisiones judiciales representa una práctica que debe ser corregida de inmediato para garantizar igualdad ante la ley y seguridad jurídica».
La ONG reiteró la necesidad de una «revisión imparcial e independiente de los casos afectados», así como la aplicación “efectiva, transparente y no discriminatoria” de la normativa vigente.
Además, instó a las autoridades a considerar otros mecanismos jurídicos contemplados en el ordenamiento venezolano, como el sobreseimiento de causas que carezcan de fundamento legal y la revisión del uso de tipos penales que podrían estar siendo aplicados de «manera indebida».
Sobre el caso
El caso se originó en agosto de 2025, cuando varias personas fueron arrestadas presuntamente por planear un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela, en Caracas.
En su momento, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), señaló que los funcionarios de seguridad del Estado habían desmantelado el plan tras el seguimiento a un ciudadano que había dejado un bolso con explosivos cerca de la plaza.
Cabello vinculó el presunto plan con Estados Unidos y con la opositora María Corina Machado, aunque aclaró que el gobierno de Gustavo Petro en Colombia «no estaba involucrado».
Según el funcionario, el operativo sirvió para anticiparse a lo que Machado había llamado a los venezolanos: estar preparados para una “acción cívica” el día que se requiriera, en el marco del aniversario de las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuyos resultados han sido disputados por la oposición, que reconoce como presidente electo a Edmundo González Urrutia.
(Con información de El Cooperante)
