Argentina inició acciones diplomáticas contra Venezuela
después de que el gobierno de Nicolás Maduro prohibiera que las aeronaves
argentinas puedan sobrevolar el espacio aéreo venezolano, informaron este
martes fuentes oficiales.
Según explicó el portavoz presidencial argentino, Manuel
Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del gobierno),
«Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo».
«Argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno
de Venezuela, encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el
uso del espacio aéreo del país por cualquier aeronave argentina, con el
perjuicio que eso conlleva para nuestro país», afirmó el portavoz.
La medida de Caracas, indicó Adorni, está relacionada con el
caso del avión venezolano Boeing 747 que fue retenido en Argentina desde junio
de 2022 y enviado en febrero pasado a Estados Unidos.
Si bien el portavoz del Ejecutivo argentino no amplió
detalles, EFE pudo saber por otras fuentes que Argentina presentó una nota de
protesta a Venezuela el 8 de marzo «por la decisión de suspender los permisos
de sobrevuelo de empresas aéreas argentinas en espacio aéreo venezolano».
En ese texto, Argentina también adelantó que tomaría medidas
en el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por
«violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional», conocido como Convenio
de Chicago (1944).
Según dichas fuentes, Venezuela respondió ayer «ratificando
la suspensión» y vinculando esta prohibición con el caso de la citada aeronave.
En la madrugada del pasado 12 de febrero, el Boeing 747-300M
Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y
actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa,
empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, partió
rumbo a Estados Unidos, en respuesta a un pedido de decomiso.
La tripulación que había llegado a Argentina el 6 de junio
de 2022, integrada por cinco iraníes y 14 venezolanos, fue retenida
inicialmente por la Justicia y puesta en libertad después por falta de
evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.
El avión había llegado a Argentina procedente de México y
tras hacer una escala en Venezuela. Dos días después partió de Argentina para
cargar combustible en Uruguay, pero regresó al Aeropuerto Internacional de
Ezeiza (provincia de Buenos Aires), porque el país vecino no autorizó su
aterrizaje.
Entonces, la Justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y
dispuso que los 19 tripulantes no podían salir del país. Con el correr de la
investigación, los tripulantes fueron liberados.
La justificación de la reclamación por parte de Estados
Unidos es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio
la que transfirió el avión —de fabricación estadounidense— a un tercero, algo
prohibido precisamente a efectos de la sanción.
Antes de la partida del avión hacia Estados Unidos, se sumó
un confuso episodio, el 6 de febrero, cuando un diplomático venezolano en
Buenos Aires violó la seguridad y sacó fotos de la aeronave, por lo que fue
declarado persona no grata y dejó el país en las 48 horas siguientes.
Dos semanas después de la salida del avión, el pasado 29 de
febrero, Maduro denunció a Estados Unidos por el «acto vil, criminal,
indignante» de «descuartizar» la aeronave en Miami (Florida).
(Con información de Efe)
