Por GDA | El Mercurio | Chile
Este sábado el Tribunal de Garantía decidió acoger la
solicitud de la Fiscalía y amplió hasta el próximo lunes 4 de marzo la
detención del hasta ahora único detenido por el secuestro y homicidio del ex
militar venezolano Ronald Ojeda.
Tras lo sucedido en el Tribunal, el fiscal Héctor Barros,
jefe del grupo ECOH, señaló que el joven venezolano de 17 años será imputado en
«calidad de autor en el delito de secuestro por homicidio».
El persecutor detalló que «tenemos tres órdenes de detención
libradas», de las cuales hay dos que quedan pendientes.
Además, sostuvo que se están realizando «otras diligencias
tendientes a establecer la participación de otros sujetos toda vez que solo en
el secuestro personalmente participan tres pero también hay otros de cobertura
y participación en otros hechos que tienen que ver básicamente con el traslado
de la víctima hacia otros lugares».
En cuanto a los restos de Ojeda, están a la espera de «la
autopsia del cuerpo de la víctima, toda vez que la causa de muerte que tenemos
establecida hasta este momento requiere ser ratificada a través de esta
pericia».
Drogas y prostitución
El hallazgo del cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda
Moreno, quien fue secuestrado por individuos que se hicieron pasar por
funcionarios chilenos la madrugada del miércoles 21 de febrero, ha puesto en
foco la realidad de un sector marcado por la marginalidad y la delincuencia.
Los restos de Ojeda los encontraron dentro de una maleta,
sepultada bajo una estructura de cemento, en un sector ubicado en la comuna de
Maipú, específicamente en el Camino a Melipilla.
La realidad del
sector donde encontraron el cadáver
Se trata de un caserío que comenzó a tomar forma en 2018 con
las primeras viviendas irregulares. En 2020, durante la pandemia, tuvo un
aumento significativo en población. Y actualmente, según registros municipales,
cerca de 600 familias, en su mayoría de nacionalidad haitiana y venezolana,
residen en el lugar.
Sin embargo, la delincuencia es una preocupación constante
en esta zona, donde se reportan frecuentes actos criminales que van desde la
prostitución hasta el tráfico de drogas. Y a pesar de los esfuerzos municipales
por aumentar la seguridad, la situación persiste como un desafío constante.
El alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, expresó la
dificultad para controlar el área debido a la resistencia de grupos delictivos
y la complejidad logística que implica el desalojo de las viviendas ilegales.
“Como municipio hemos desarrollado más de 50 operativos para
desalojar viviendas y evitar nuevas instalaciones. Además de interponer
querellas contra bandas que generan negocio con la toma ilegal de terrenos.
Pero el control del sector se vuelve sumamente complejo por sus condiciones”,
explicó a Emol.
Además, aseguró que sus funcionarios han resultado agredidos
al intentar intervenir en el área. “Para poder erradicar más de 500 viviendas
se requiere un esfuerzo del Estado en su conjunto, algo que hemos solicitado al
gobierno anterior y también a este. Esperamos tener acciones concretas cuanto
antes”, agregó Vodanovic.
El llamado a la
acción
No obstante, dentro de la municipalidad, tienen una visión
clara con respecto al caserío: nunca debió permitirse.
Por tal motivo, el alcalde instó al gobierno chileno a
coordinar esfuerzos para abordar la problemática de dichas viviendas ilegales;
que representa un foco de violencia y delitos desde hace años.
“Poder desalojar y reubicar a más de 600 familias es una
tarea que excede con creces la capacidad legal y logística que tenemos como
municipio”, añadió en su cuenta de X.
(Con nota de El Nacional)
