Ir al contenido principal

“Para garantizar el debido proceso”: TSJ eliminó cuatro juzgados especiales con competencia nacional en casos de terrorismo

 


El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) modificó la estructura de los juzgados especiales que atendían casos vinculados con delitos asociados al terrorismo y eliminó la competencia nacional que tenían cuatro tribunales de control con sede en Caracas.

La medida está contenida en la Resolución N.° 2026-0010, fechada el 13 de octubre de 2026, que establece que los procesos penales relacionados con estos delitos, durante las fases de investigación e intermedia, serán asumidos por los juzgados de primera instancia estadales en funciones de control de los distintos circuitos judiciales penales del país.

Los tribunales que perderán esta competencia especial son el Trigésimo, el Cuadragésimo Noveno, el Quincuagésimo Segundo y el Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

De acuerdo con el documento, los nuevos casos serán distribuidos «equitativamente» entre los tribunales ordinarios, conforme a las reglas de competencia por materia, territorio y conexión procesal previstas en el Código Orgánico Procesal Penal.

La resolución también contempla disposiciones para la redistribución de los expedientes que ya están en curso. En los casos donde existan operaciones encubiertas, entregas controladas, interceptaciones telefónicas en tiempo real o medidas cautelares urgentes pendientes de ejecución, los juzgados especiales podrán mantener temporalmente la competencia para culminar esas diligencias, con un plazo máximo de 15 días hábiles para informar al Ministerio Público.

Asimismo, ordena resguardar por separado las actuaciones confidenciales relacionadas con técnicas especiales de investigación y establece un procedimiento de entrega directa de los expedientes a los jueces ordinarios designados.

El TSJ justificó la decisión en la necesidad de reorganizar el sistema de justicia penal, fortalecer el control judicial y garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la correcta calificación jurídica de los delitos.

La resolución dispone, además, que la Comisión Judicial notifique el cese de funciones jurisdiccionales de los jueces que ejercían estas competencias especiales. Su entrada en vigor está prevista a partir de la aprobación por la Sala Plena del máximo tribunal.

(Con información de El Cooperante)

 

Designed by Open Themes & Nahuatl.mx.