Mientras en Venezuela crecen las demandas sociales desde varios frentes, no hay claridad sobre los ingresos por exportaciones en Fondo Petrolero. (Foto:EFE/ Miguel Gutiérrez)
La ONG anticorrupción Transparencia Venezuela denuncia el manejo opaco de los ingresos por exportaciones de petróleo de Venezuela, una riqueza que ha aumentado este año con las nuevas y estrechas relaciones entre nuestro país y Estados Unidos.
El nuevo informe de Transparencia Venezuela en el exilio, titulado “Tras la pista del fondo”, luce como uno de los documentos de investigación más completos y minuciosos sobre el perfil actual de la industria petrolera venezolana, un modelo que ha cambiado considerablemente desde el 3 de enero.
La captura del cuestionado Nicolás Maduro por fuerzas militares especiales de Estados Unidos y la imposición de su vice presidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, ha supuesto enormes cambios en la industria petrolera venezolana.
Pero se mantiene la falta de información oficial sobre temas esenciales de interés público. También persisten la no rendición de cuentas y los manejos turbios de relaciones de negocios en esta industria que es el motor de la economía venezolana, según se desprende del informe.
Transparencia Venezuela reconstruye, a partir de fuentes públicas, la radiografía del Fondo de Depósito del Gobierno Extranjero (FGDF, o Fondo Petrolero) creado por Estados Unidos para administrar los ingresos venezolanos por exportación de petróleo, gas y minerales.
La ONG además presenta el mapa de empresas, licencias y actores que hoy producen y comercializan el petróleo venezolano en los mercados internacionales.
Crecen exportaciones de petróleo, no se ve el dinero
La captura de Maduro y de Cilia Flores “marcó un cambio profundo en la industria petrolera y extractiva de Venezuela”, señala el informe.
Desde entonces, la producción petrolera creció de forma sostenida; las exportaciones alcanzaron un récord de más de 1,250 millones de barriles por día (bpd) a mayo de 2026.
Esas ventas son impulsadas por licencias generales de la OFAC y por el desahogo de los inventarios acumulados durante la cuarentena impuesta por Estados Unidos a finales de 2025, cuando apostó una enorme fuerza naval en el Caribe frente a aguas territoriales Venezuela.
Según los reportes primarios de la OPEP, el aumento de la producción de Venezuela fue constante desde enero: pasó de 924.000 bpd a 1.187.000 bpd en junio, lo que representa un incremento de 28,5%.
Los ingresos estimados para el gobierno de Venezuela oscilan entre $6.357,7 millones y $8.162 millones en el primer semestre de 2026.
Además, se han diversificado los socios y se han logrado ventas de petróleo sin los descuentos que estaba obligado a conceder el gobierno venezolano cuando vendía su crudo a través de flotas fantasmas, hasta lejanos mercados como el de China y Malasia.
“Pero esa mejora todavía no se traduce en mejoras para la ciudadanía, y el destino que ha dado el Gobierno Interino a los recursos generados sigue envuelto en opacidad”, concluye Transparencia en el documento.
Un negocio con petroleras privadas
Repasa los detalles del Fondo Petrolero y ubica en detalle cuáles son las empresas del sector hidrocarburos que operan en Venezuela. Además, recuenta el régimen de licencias otorgadas por Washington en medio de la política de sanciones todavía vigente contra el gobierno chavista y el país.
También explica la agenda de inversión y el mapa de poder y describe cómo funcionan los Contratos de Participación Productiva (CPP) que rigen la relación del gobierno venezolano con sus socios privados.
El documento enfoca la balanza comercial del primer trimestre publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), que habla de $5.491 millones en exportaciones petroleras entre enero y marzo. También se incluyen reportes de exportaciones de petróleo de fuentes de Transparencia Venezuela y Reuters.
El precio promedio del crudo venezolano entre abril y junio alcanzó $86,62 por barril.
“Se estima que el valor de las ventas por exportaciones de petróleo entre enero y junio de 2026 fue $15.166,8 millones”, de los cuales los ingresos estimados del Fondo Petrolero oscilan entre $12.512 millones y $13.574 millones. Esto es el según el escenario más firme manejado por el informe.
Se asume que 70% del petróleo es producido por operadores distintos a Pdvsa - empresas mixtas y las privadas que tienen Contratos de Participación Productiva-. La mitad de este porcentaje está siendo comercializado internacionalmente por los propios operadores con licencias.
Esto implica que 35% de la exportación total del país está en manos de empresas privadas (Chevron, Repsol, Eni, Maurel & Prom, entre otras).
El 65% restante de las exportaciones lo comercializa directamente Pdvsa a través de empresas trasnacionales con licencias de comercialización como Trafigura, Vitol, Reliance, GE Warren.
Cuánto dinero debería tener el Fondo
Por lo tanto, las ventas de petróleo de los operadores privados en el primer semestre de 2026 equivalen a aproximadamente $5.308 millones, mientras que las ventas de Pdvsa Petróleo SA (la filial encargada de negociar las exportaciones) equivalen a $9.858 millones, para un total de $15.166,8 millones del país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento (OFAC) del Tesoro de EE UU, administra el sistema de sanciones y licencias que aplica Estados Unidos a ciertos países y que rige a la economía venezolana, basada en la exportación de petróleo.
La diferencia entre el monto de las exportaciones y los ingresos estimados del Fondo corresponde a lo que les toca a estas empresas que operan con licencias de la OFAC.
Las licencias de la OFAC autorizan a esas empresas a comercializar el petróleo que producen y deducir de las ventas sus costos operativos y beneficios.
“Aunque no se tiene información de cuanto ha transferido el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Gobierno interino, se estima que en el primer semestre le corresponden entre $6.353,7 millones y $8.162,6 millones”, señala Transparencia.
Nadie dice nada
“El resto se habría destinado a importaciones de combustibles y diluyentes, pagos de deuda y proveedores, costos operativos de la industria petrolera, costos administrativos del Fondo en Estados Unidos, entre otros usos”.
“No se conoce algún mecanismo que permita acceder a información oficial sobre lo depositado en el Fondo Petrolero y el uso que se les ha dado a esos recursos”, advierte.
El mapa de empresas socias de Pdvsa, nacionales y extranjeras, revela que el 53% de ellas están registradas en Venezuela y 19 tienen registro o son de propiedad de empresas extranjeras, provenientes de 22 países.
Se identificaron al menos 34 compañías socias en empresas mixtas y 19 con contratos de Participación Productiva (CPP), distintas a las socias minoristas de las empresas mixtas.
“Las empresas de China y de Rusia siguen produciendo, lo que hace suponer que de alguna manera esos hidrocarburos se están comercializando, aunque no hay información clara al respecto”, señala.
Según las licencias OFAC, el gobierno de EE UU prohíbe que empresas de China, Irán, Rusia, Cuba y Corea del Norte hagan negocios con PDVSA, financien operaciones, comercialicen petróleo venezolano, funden nuevas empresas mixtas o importen insumos y equipos para operaciones petroleras en Venezuela.
Un fondo a la medida de Washington
El Fondo Petrolero, a donde van los recursos por exportaciones de Venezuela ha sido cuestionado desde diversas frentes fuentes. Lo creó Donald Trump según Orden Ejecutiva n.º 14.373 del 9 de enero de 2026, cuando todavía el país estaba bajo el estupor de la incursión militar del día 3.
Pero sobre ese fondo creado con recursos de Venezuela “no hay ningún mecanismo de gobernanza especial, ni está regido por principios internacionales humanitarios, ni se articula con una organización especial del Gobierno de Venezuela”, denuncia Transparencia.
Se supone que esa fórmula protege los recursos venezolanos de embargos potenciales de parte de acreedores del país que reclaman pagos de deuda externa.
De acuerdo con la sección 1 de la Orden Ejecutiva, el embargo, la ejecución o la cesión del Fondo Petrolero “interferirá sustancialmente con nuestros esfuerzos críticos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela”, observa Transparencia.
(Con información de El Nacional)
