La familia de la jueza María Lourdes Afiuni Mora confirmó este viernes el cierre definitivo del proceso judicial en su contra y la restitución plena de su libertad, poniendo fin a más de 16 años de restricciones, persecución y consecuencias derivadas de un caso que sus allegados consideran una muestra del deterioro de la independencia judicial en Venezuela.
A través de un comunicado, los familiares de la exjueza recibieron con satisfacción la decisión y señalaron que el desenlace representa el final de un proceso que, a su juicio, “nunca debió existir”.
La familia sostuvo que el cierre del expediente constituye un paso importante, aunque advirtió que la decisión no elimina el impacto físico y emocional que la situación dejó en la jueza ni repara por sí misma los daños sufridos durante los años de persecución.
La noticia se conoció horas después de que los familiares alertaran sobre un nuevo deterioro en el estado de salud de Afiuni, a quien le fueron detectadas tres lesiones tumorales tras ser trasladada de emergencia a un centro asistencial por un cuadro de mareos, vómitos e hipertensión.
Los allegados informaron que los estudios médicos y las tomografías con contraste solicitadas por el equipo de oncología confirmaron la presencia de las lesiones, por lo que reclamaron atención especializada y la posibilidad de que la jueza pudiera viajar a Estados Unidos, donde reside su única hija.
Con la restitución plena de su libertad, la familia considera que se cierra formalmente un expediente que durante años estuvo vinculado a denuncias sobre violaciones de derechos humanos y garantías judiciales.
Caso Afiuni deja lecciones sobre la independencia judicial en Venezuela
En el comunicado, familiares agradecieron a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, mecanismos internacionales de protección, juristas, periodistas y ciudadanos que acompañaron el caso y mantuvieron sus denuncias durante los años en los que Afiuni permaneció sometida a medidas judiciales.
De manera particular, destacaron el respaldo recibido por quienes defendieron la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección de los funcionarios encargados de administrar justicia frente a presiones políticas.
Sin embargo, la familia insistió en que el cierre del proceso no debe interpretarse como el fin de las consecuencias derivadas de lo ocurrido. A su juicio, el caso de Afiuni deja una advertencia sobre los riesgos de utilizar el sistema judicial como mecanismo de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia.
“Ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber, aplicar la ley o dar cumplimiento a decisiones y estándares del derecho internacional de los derechos humanos”, señaló el comunicado.
Los familiares consideraron que el desenlace debería abrir una discusión sobre la reconstrucción de la independencia judicial en Venezuela y la necesidad de establecer garantías para impedir que otros funcionarios judiciales atraviesen situaciones similares.
Exigen garantías para que jueces ejerzan sin presión ni amenazas
La jueza fue detenida en diciembre de 2009, después de que el entonces presidente Hugo Chávez cuestionara públicamente una decisión judicial que permitió la libertad condicional del empresario Eligio Cedeño. Posteriormente enfrentó un proceso penal que terminó con una condena de cinco años de prisión y permaneció bajo distintas medidas restrictivas durante años.
Para sus familiares, el cierre definitivo del caso representa ahora una oportunidad para que su historia no quede reducida a los años de persecución y privación de libertad, sino que sirva también como un recordatorio de la importancia de preservar la independencia de quienes administran justicia.
La familia hizo un llamado a que lo ocurrido no vuelva a repetirse y a que la experiencia de Afiuni contribuya a fortalecer las garantías necesarias para que los jueces venezolanos puedan ejercer sus funciones sin intimidaciones, presiones ni represalias.
(Con información de El Nacional)
