El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 3.495 protestas en Venezuela durante el primer semestre de 2026, un promedio de 20 manifestaciones diarias y un incremento de 181% frente a las 1.249 registradas en el mismo período de 2025.
El informe semestral del organismo señala que la conflictividad social estuvo marcada por un equilibrio casi absoluto entre las demandas de Derechos Civiles y Políticos (DCP) y las relacionadas con Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca).
Del total registrado, 1.749 protestas, equivalentes al 50%, estuvieron vinculadas con derechos civiles y políticos, mientras que 1.746 correspondieron a exigencias de carácter económico, social, cultural y ambiental.
Cambiaron las principales demandas
El OVCS identificó dos etapas durante los primeros seis meses del año. En enero y febrero predominaron las movilizaciones relacionadas con la libertad de presos políticos, el debido proceso, la justicia y las garantías democráticas.
A partir de marzo, las reivindicaciones sociales y laborales adquirieron mayor protagonismo. Los trabajadores, jubilados y pensionados encabezaron manifestaciones para exigir mejoras salariales, recuperación del poder adquisitivo, respeto a las contrataciones colectivas y fortalecimiento de la seguridad social.
Marzo fue el mes con mayor cantidad de protestas, con 705 manifestaciones, seguido de enero con 622, mayo con 557, abril con 529, febrero con 599 y junio con 483.
Participación política y justicia, entre las principales exigencias
La participación política fue el derecho más reclamado durante el semestre, con 1.460 protestas. Las demandas incluyeron «elecciones libres, competitivas y transparentes, garantías democráticas, pluralismo político y recuperación del espacio cívico».
El derecho a la justicia ocupó el segundo lugar, con 1.302 manifestaciones, muchas de ellas impulsadas por familiares de personas detenidas por motivos políticos, quienes exigieron liberaciones, revisión de expedientes y respeto al debido proceso.
También se contabilizaron 1.107 protestas por derechos laborales, cifra que representa un aumento de 93% respecto al mismo período de 2025. Según el OVCS, estas movilizaciones cnstituyeron la principal expresión de los Desca y la tercera causa de protesta en el país.
Las fallas en los servicios públicos continuaron generando movilizaciones en distintas regiones. El agua potable fue la principal causa dentro de esta categoría, con 260 protestas, seguida de los reclamos por electricidad, que sumaron 194 manifestaciones.
El informe también contabilizó 413 protestas relacionadas con el derecho a la seguridad social, protagonizadas principalmente por jubilados, pensionados y adultos mayores que reclamaron pensiones suficientes, recuperación del poder adquisitivo y acceso efectivo a servicios esenciales.
En materia de vivienda se registraron 611 manifestaciones, de las cuales 466 estuvieron directamente relacionadas con fallas en los servicios públicos.
Distrito Capital lideró las protestas
La conflictividad tuvo presencia en prácticamente todo el territorio nacional. Distrito Capital concentró el mayor número de manifestaciones, con 462, seguido por Miranda, con 414; Sucre, con 274; Bolívar, con 265; y Lara, con 263.
En el extremo contrario se ubicaron Amazonas, con 21 protestas; Apure, con 29; y Guárico, con 32. El OVCS advirtió que las cifras más bajas no necesariamente representan una ausencia de conflictividad, debido a factores como las dificultades de documentación, la dispersión poblacional y las restricciones al espacio cívico.
Las concentraciones fueron la principal modalidad de protesta, con 2.145 acciones, mientras que las vigilias ocuparon el segundo lugar, con 396.
También se registraron 230 marchas, 209 cierres de calles y avenidas, 105 paros y 90 pancartazos.
El organismo destacó además que 2.161 protestas, equivalentes al 62% del total, fueron acciones combinadas, en las que los ciudadanos plantearon simultáneamente demandas relacionadas con dos o más derechos.
OVCS documentó protestas «reprimidas»
Entre enero y junio, el observatorio documentó 46 protestas «reprimidas», con cinco personas detenidas. Los hechos se concentraron principalmente en abril y mayo y estuvieron relacionados, en buena medida, con manifestaciones por derechos económicos y sociales.
Asimismo, fueron registradas 55 protestas en 17 estados contra actuaciones atribuidas a cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado. Los participantes denunciaron presuntos «abusos de poder, uso excesivo de la fuerza y otras vulneraciones de derechos».
El informe también recoge las movilizaciones ocurridas después del terremoto del 24 de junio, particularmente en La Guaira, donde comunidades afectadas denunciaron presuntas irregularidades durante las labores de atención y respuesta a la emergencia.
El OVCS prevé nuevos focos de conflictividad
De cara al segundo semestre, el Observatorio considera probable que la conflictividad permanezca en niveles elevados, aunque con una posible modificación de sus principales demandas.
Entre los temas que podrían ganar protagonismo se encuentran la recuperación económica, los derechos laborales, la reconstrucción institucional y la normalización de los servicios públicos.
El organismo sostiene que la protesta pacífica continuará siendo un mecanismo de participación ciudadana y exigencia de derechos, mientras Venezuela enfrenta el desafío de avanzar hacia una reinstitucionalización de sus instituciones y la recuperación de las garantías democráticas.
(Con información de El Cooperante)
