La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este jueves el cierre definitivo de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y el lanzamiento simultáneo de una vasta reforma judicial.
El cese de la normativa de amnistía marca la conclusión de un proceso que se inició el 19 de febrero con el fin de pacificar el clima social. Rodríguez brindó un balance detallado sobre la aplicación de esta ley y resaltó el esfuerzo administrativo que llevaron a cabo los organismos del Estado para cumplir con cada una de las pautas establecidas.
Según las cifras oficiales que suministró el gobierno, se recibieron cerca de 12.000 solicitudes de personas interesadas en obtener este beneficio legal de excepción. Tras el análisis de cada legajo, un total de 8.616 beneficiados recuperaron la libertad plena, hecho que la mandataria consideró un paso vital hacia la armonía política.
No obstante, la funcionaria aclaró que la finalización de este régimen legal no deja sin opciones aquellos casos que la normativa excluyó de forma taxativa o que no entraron en sus alcances. Rodríguez explicó que el país cuenta con nuevos espacios de diálogo y una serie de mecanismos de reforma judicial que están diseñados para atender estos expedientes pendientes.
Tanto el programa de convivencia democrática y paz como la nueva comisión de consulta nacional funcionarán como los canales institucionales para que la población pueda elevar sus quejas y pedidos de revisión. El Ejecutivo busca que la transición legal sea ordenada y sin vacíos de poder ante los reclamos sociales.
Reforma judicial
Al mismo tiempo, la mandataria suscribió el decreto de creación para la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.
El propósito central de esta nueva entidad técnica es la garantía total de un acceso a la justicia que sea equitativo y que no permita ningún tipo de discriminación hacia los ciudadanos.
En cuanto a la estructura de la Comisión para la Gran Consulta Nacional, la presidenta interina definió un perfil técnico y político de alto nivel. La funcionaria designó al fiscal general, Larry Devoe, para que desempeñe el papel de secretario en esta instancia de reforma.
El pedido de Rodríguez fue taxativo: el equipo debe efectuar un abordaje profundo del sistema con una sólida perspectiva en derechos humanos.
Esta directriz busca que el proceso penal en Venezuela se modernice y se ajuste a los tratados internacionales, con el fin de erradicar prácticas arbitrarias y fortalecer la seguridad jurídica de los habitantes en todo el territorio nacional.
Durante su intervención ante los medios y los funcionarios presentes, Rodríguez calificó esta reforma integral de una deuda impostergable que el Estado mantiene con el pueblo venezolano.
En tono firme, la mandataria interina solicitó a los actores que forman parte del sistema de justicia que trabajen de manera coordinada y que dejen de lado las internas burocráticas para priorizar el bienestar social.
Destacó la necesidad de corregir los vicios y desviaciones de poder que enturbian el accionar de los tribunales y que generan desconfianza en la opinión pública. Para Rodríguez, la reforma es el único camino para dar una respuesta real a los reclamos ciudadanos.
La estrategia del gobierno nacional apunta a consolidar un marco de paz social a través de la institucionalidad y no solo mediante medidas de carácter extraordinario como lo fue la amnistía. Al finalizar el acto, la funcionaria reafirmó que el fin de la ley abre una nueva etapa donde la ley se aplicará con igual rigor para todos, pero con mecanismos de revisión más transparentes.
La creación de la consulta nacional es la apuesta del oficialismo para renovar el vínculo ciudadano con la ley y para demostrar un compromiso firme con la reforma institucional. Con estos anuncios, el Palacio de Miraflores busca cerrar las heridas del pasado reciente y proyectar un sistema judicial que sea un ejemplo de rectitud para la región.
(Con información de La Nación)
ONG tachan de inconstitucional que Delcy Rodríguez anuncie el fin de la amnistía
Varias ONG rechazaron este jueves que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el "fin" de la amnistía, al considerar esta decisión como "arbitraria e inconstitucional", ya que su derogación no es competencia del Ejecutivo y la norma no establece una caducidad.
"Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando", manifestó Provea en su cuenta de X.
"Esta ley de amnistía llega a su fin".
En la misma red social, Acceso a la Justicia argumentó que la Ley de Amnistía no establece una fecha de vencimiento para los beneficiados, por lo que consideró que este instrumento sigue vigente, aunque el Ejecutivo "haya decidido que ya no lo está".
Asimismo, explicó que esta norma solo se puede derogar "mediante otra ley de igual rango" dictada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
"La intromisión del Ejecutivo nacional en este caso, tanto en las competencias legislativas como en las judiciales, viola los principios constitucionales de separación de poderes", apuntó Acceso a la Justicia.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón indicó en X que una ley de esta naturaleza no puede ser derogada por una declaración del Ejecutivo y calificó como un "atropello al Estado de derecho" el anuncio de la presidenta encargada.
A su juicio, pretender dar por concluida esta ley representa un "acto de inseguridad jurídica" que deja en "absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico".
"Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos", añadió.
Fin de la amnistía
Delcy Rodríguez anunció este jueves que la amnistía "llega a su fin", dos meses después de que se aprobara la ley y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.
La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el "fin" de la Ley de Amnistía y aseguró que los casos que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.
(Con información de Nacional)
