En un paso orientado a reformar el funcionamiento de la administración pública, la Asamblea Nacional aprobó este jueves una ley destinada a simplificar los procesos y requisitos exigidos por las instituciones del Estado.
La normativa, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, recibió el respaldo unánime del Parlamento y fue remitida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que deberá pronunciarse sobre su carácter orgánico antes de su implementación.
El instrumento legal establece un conjunto de medidas para optimizar la gestión pública, incluyendo la eliminación de trámites considerados innecesarios, la digitalización de procesos y la estandarización de procedimientos entre organismos estatales. Su objetivo central es mejorar la eficiencia institucional y reducir los tiempos de respuesta para los ciudadanos.
Uno de los puntos clave de la ley es la facultad que se otorga a la presidencia ejecutiva para intervenir directamente en los procesos administrativos, pudiendo ajustar, reducir o eliminar requisitos que sean considerados redundantes o poco efectivos.
Asimismo, se prevé la creación de una comisión nacional encargada de evaluar de manera continua los procedimientos del Estado y proponer cambios que permitan hacerlos más ágiles. Este órgano estará integrado por representantes del Ejecutivo, del Legislativo, autoridades regionales y la Defensoría del Pueblo.
Reforma busca simplificar trámites
Ante esto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo que la iniciativa integrada por 12 artículos busca atender una de las principales quejas de la población en su relación con las instituciones públicas. En ese sentido, afirmó que la ley aspira a que “sirva y contribuya para acabar con el viacrucis” que, a su juicio, enfrentan los ciudadanos al realizar gestiones administrativas.
La aprobación de esta normativa forma parte de una agenda más amplia de reformas impulsadas por el gobierno desde comienzos de año, orientadas a reconfigurar el entorno económico del país. Entre ellas destacan cambios en sectores estratégicos como hidrocarburos y minería, con el objetivo de facilitar la inversión privada y extranjera.
En ese contexto, autoridades estadounidenses han manifestado interés en estas iniciativas. Durante una reciente visita a Caracas, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, expresó su respaldo a la reducción de cargas burocráticas como un mecanismo para incentivar la llegada de capital internacional.
Durante la sesión legislativa de este jueves, el parlamento también avanzó en el segundo debate de una reforma a la Ley de Minas, que apunta a ampliar la participación de inversionistas extranjeros en el desarrollo del sector, en línea con la estrategia económica planteada por el gobierno.
(Con información de Efe)
AN aplazó por segunda vez la discusión para aprobar la Ley de Minas
Por Williams Perdomo @wperdomod
La Asamblea Nacional aprobó este jueves 55 de los 130 artículos del proyecto de la ley de minas y acordó aplazar la segunda discusión, necesaria para aprobar este instrumento jurídico, que podría abrir el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.
Durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal de la AN en YouTube, el Legislativo –controlado por el chavismo– decidió posponer la discusión por sugerencia del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela.
"Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada (Delcy Rodríguez), solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley", pidió Camacho.
Entre los artículos leídos este jueves destaca el 36, que indica que el Estado, "por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos".
Asimismo, el artículo 37 señala que el Banco Central de Venezuela tiene el "derecho preferente" para la compra de oro que se obtenga como consecuencia de "cualquier actividad minera" en el país, el cual debe ser ofertado a través del Ministerio de Minas.
Por otra parte, el artículo 13 establece que se crea la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera, como ente encargado de ejercer las funciones de supervisión, control, inspección y fiscalización de la minería en general, así como "ejercer la administración de los tributos y regalías".
Los diputados deben debatir artículo por artículo antes de aprobar de manera definitiva la ley, presentada hace dos semanas por el diputado Camacho.
La semana pasada, el Parlamento aprobó 12 artículos y el 11 establece que el Ministerio de Minas tiene competencias para promover la inversión privada, nacional y extranjera en un marco jurídico que brinde seguridad jurídica.
En la ley se señala igualmente que las actividades mineras podrán ser ejercidas por personas naturales que practiquen la minería artesanal de manera individual.
Además, en el artículo 9 la norma dice que las partes podrán acordar que las controversias se resuelvan mediante tribunales de Venezuela o mecanismos alternativos, incluyendo mediación y arbitraje.
De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez.
La ley llegó al Parlamento días después de la visita del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la presidenta interina.
Burgum aseguró entonces que empresas estadounidenses están "deseosas" de operar en Venezuela.
Tras la visita, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió licencia que autoriza actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones.
(Con información de El Nacional)
