El defensor de derechos humanos Javier Tarazona denunció este martes que le fue negada la amnistía solicitada ante un tribunal de terrorismo en Caracas y advirtió que el país «no podrá avanzar» hacia la reconciliación mientras se criminalice a quienes defienden los DD. HH.
A las afueras del Palacio de Justicia, Tarazona afirmó que «no busca privilegios, sino justicia para las víctimas». “Ellos no quieren venganza, quieren verdad, justicia, restitución de sus derechos, reparación y garantías de no repetición”, expresó.
El activista sostuvo que la negativa a su solicitud representa un “error político”, al considerar que la «persecución» contra defensores de derechos humanos «obstaculiza cualquier intento de reconciliación nacional».
Tarazona también envió un mensaje a los venezolanos en el exterior, señalando que comprende el impacto de la separación y el exilio tras haber permanecido más de cuatro años en prisión. El activista fue detenido en 2021 y liberado en 2026 tras un proceso de excarcelaciones en el país .
“Sé lo que significa perderlo todo y que te quiten el derecho a vivir en tu propio país”, afirmó, al tiempo que aseguró que su salida de prisión no implica un «retiro de la vida pública, sino un compromiso con la reconstrucción nacional».
En ese sentido, indicó que su objetivo es trabajar por la reconciliación, la cual, dijo, requiere un “gran acuerdo nacional” que incluya a distintos sectores del país.
Asimismo, hizo referencia a la necesidad de generar condiciones políticas y jurídicas que permitan avanzar hacia ese proceso, incluyendo el cese de medidas que, a su juicio, afectan tanto a ciudadanos como a actores sociales.
Además de Tarazona, otros solicitantes han reportado que se les ha negado la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026.
Entre ellos se encuentran el abogado y activista Perkins Rocha; seis dirigentes sindicales que fueron condenados en 2022 a 16 años de prisión por los delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir”; y los expolicías metropolitanos Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada, quienes permanecen detenidos desde 2003 por los hechos ocurridos en Puente Llaguno.
Esta legislación contempla beneficios para personas involucradas en conflictos políticos desde 2002 hasta procesos recientes, incluyendo manifestaciones y actos vinculados a elecciones presidenciales y regionales, y establece que la amnistía extingue acciones penales, disciplinarias o civiles, así como medidas de coerción personal, salvo en casos de delitos graves como homicidio, violaciones de derechos humanos o delitos de guerra.
"Venezuela no podrá avanzar hacia la reconciliación si aún se criminaliza a quienes defienden derechos humanos"
(Con información de El Cooperante)
