El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este viernes que un tribunal decretó el sobreseimiento de la causa seguida contra la comunicadora Nakary Mena Ramos y su esposo, el productor audiovisual Gianni González.
La organización precisó, en su cuenta en X, que la decisión fue emitida por el Tribunal 22 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC).
Según el sindicato, con este fallo ambos quedan “declarados inocentes” y “recuperan su libertad” plena, luego de haber permanecido detenidos por más de nueve meses. Añadió que a la pareja le había sido negada previamente la aplicación de la amnistía.
El SNTP indicó que durante la audiencia celebrada el 20 de marzo, el Ministerio Público (MP) solicitó una sentencia absolutoria, al desestimar las acusaciones por presunta publicación de “noticias falsas e instigación al odio”.
La medida se conoce días después de que el propio sindicato denunciara que el tribunal había declarado improcedente una solicitud de amnistía en favor de González.
De igual forma, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, había advertido previamente que los tribunales rechazaron aplicar la Ley de Amnistía en el caso de Mena Ramos, lo que, a su juicio, evidenciaba un patrón de “persecución judicial”.
La Ley de Amnistía abarca un período de 27 años, desde 1999, aunque limita su aplicación a personas vinculadas con 13 hechos específicos ocurridos en distintos años.
En los últimos días también se han registrado decisiones judiciales que niegan la aplicación de esta ley en otros casos. Entre ellos, la declaratoria de “improcedencia” de la amnistía para los expolicías metropolitanos Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada, detenidos desde 2003 por los hechos de Puente Llaguno, al considerar que los delitos atribuidos están excluidos de la norma.
Asimismo, la ONG Provea denunció que seis dirigentes sindicales condenados en 2022 tampoco fueron beneficiados con la amnistía y continúan bajo medidas cautelares tras haber sido excarcelados.
La ONG advirtió que esta decisión evidenciaba una aplicación “selectiva” de la amnistía y exigió que se otorgue el beneficio de forma plena a los sindicalistas y a todas las personas que considera “perseguidas injustamente”.
También se han reportado rechazos a solicitudes presentadas por los dirigentes Henry Alviarez y Perkins Rocha. Según los afectados, sus peticiones han sido negadas pese a cumplir con los plazos establecidos, por presuntos “errores de interpretación judicial” o por su inclusión dentro de los criterios de exclusión contemplados en la normativa.
(Con información de El Cooperante)
