Hugo “el Pollo” Carvajal, exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), reveló en su declaración a la Corte Penal Internacional (CPI), mientras estaba detenido preventivamente en España, que las órdenes de reprimir protestas como las de 2014 y 2017 provenían directamente de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico.
Según audios revelados por el periodista David Placer, Carvajal explicó que el control de las protestas en Venezuela tiene dos tipos. Uno es el control formal en el que se usan organismos destinados a atender el orden público de acuerdo con la ley y el otro es ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares.
El formal es responsabilidad del ministro de Interior, quien cuenta con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para garantizar el orden público. En caso de que se supere la capacidad por la dimensión de la manifestación, se emplea la dirección de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). A pesar de que existe una oficina para este asunto, todo lo decidía Maduro cuando detentaba el cargo de jefe de Estado, incluso tenía comunicación directa tanto con la PNB como la GNB para redireccionar las acciones del orden público.
“Más aún, en términos prácticos la estrategia en esa materia de orden público la decidió Maduro desde que llegó al poder y comunicó al ministro, públicamente, que cualquier protesta debía ser reprimida. Necesita demostrar que su poder y fuerza están por encima de cualquier intento político o civil para resolver reclamos de la sociedad, sin importar las consecuencias”, expresó Carvajal en su declaración.
Por eso las protestas de 2014 y 2017 no solo fueron controladas sino sofocadas y acabadas sin que importara la vida de las personas: “Habría que recordar la frase ‘candelita que se prende, candelita que se apaga’. Eso representa una orden directa para, sin mediar palabras, arremeter violentamente contra cualquier protesta. Por otra parte, el ministro Néstor Reverol (hoy día el ministro de Interior es Diosdado Cabello), para garantizar el control de daños, ordena al director del Cicpc que realice experticias técnicas y criminalísticas para inculpar a los manifestantes y sus dirigentes, exonerando de responsabilidad a los organismos del orden público y, en consecuencia, a él mismo”.
En cuanto al control informal, Carvajal indicó que Maduro creó muchas formales ilegales para neutralizar protestas. Se pueden resumir, sin embargo, en dos grupos. Primero, el uso irregular de cuerpos de inteligencia y de seguridad —Sebin, Dgcim, Conas y FAES— y, segundo, el uso de colectivos armados coordinados de distintas formas y con distintos operadores políticos.
El exjefe de Inteligencia de Venezuela subrayó que tales políticas son un ataque generalizado y sistemático contra la población civil venezolana por motivos políticos. Nicolás Maduro tenía un solo objetivo: quedarse con el poder que perdió el 3 de enero; y la estrategia, según Carvajal, incluía poner al pueblo bajo sumisión con fraudes electorales, uso de la fuerza con el control de las protestas, forzando a la gente a migrar y persiguiendo a líderes políticos hasta lograr su encarcelación, su exilio, la sumisión a su proyecto político o su eliminación física.
“Debo hacer de su conocimiento que toda orden ilegal dada dentro del régimen nunca se daría por escrito. Son órdenes verbales directas. Por lo tanto, la única manera de demostrar cosas, como el previo y pleno conocimiento de perpetrar ataques a la población en clara política de Estado, sería a través de testimonios a los que pueda tener acceso esta fiscalía”, explicó el exmilitar.
“Basado en mi experiencia de más de siete años dirigiendo la Inteligencia y Contrainteligencia militar venezolana, en la presidencia de Hugo Chávez y unos meses con Maduro, pude conocer desde una posición privilegiada sobre la política tras bastidores del régimen venezolano. Puedo dar testimonio de que ningún ministro se atrevería jamás a provocar muertes en manifestaciones, ni siquiera accidentales, sin que el presidente haya dado la orden”, expresó.
(Con información de El Nacional)
Maduro es acusado de vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes
Entre las 25 páginas del escrito de imputación contra Nicolás Maduro en Nueva York, aparece una serie de acusaciones que preocupan a las autoridades mexicanas. La Fiscalía sostiene que el depuesto dictador, cuando fue ministro de Exteriores de Hugo Chávez (2006 - 2008), vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes que operaban en México y que habrían usado vuelos oficiales desde territorio de ese país para trasladar ingresos por venta de drogas.
Según el diario mexicano Reforma, los fiscales señalan que Los Zetas sobornaban a Diosdado Cabello, actual ministro de Interior, para organizar el transporte de la droga de Venezuela a México. Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora detenido, sería quien financiaba las instalaciones de narcolaboratorios en Colombia para enviar la producción a Estados Unidos.
“Maduro y sus cómplices se han aliado con narcoterroristas del Cartel de Sinaloa y Los Zetas para distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos”, indica la acusación. Los fiscales describen que “Los Zetas colaboraron con un grupo de narcotraficantes colombianos para enviar contenedores de carga desde puertos de Venezuela a puertos de México y, finalmente, a Estados Unidos”.
Según los señalamientos, entre 1999 y 2019 México no solo fue un país de tránsito para la cocaína suramericana trasladada a Estados Unidos, sino una plataforma logística para el Cartel de los Soles, presuntamente liderada por Maduro.
“La cocaína procesada (se) enviaba desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras, Guatemala y México”, explica la acusación. Añade que los “puntos de transbordo en Honduras, Guatemala y México también se basaban en una cultura de corrupción, en la que los traficantes de cocaína que operaban en esos países pagaban una parte de sus ganancias a los políticos que los protegían y ayudaban”.
El expediente muestra que el territorio mexicano era un punto de enlace financiero, marítimo y operativo, con participación indirecta de organizaciones locales y redes transnacionales, como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y Los Zetas. Todos ellos, dice el escrito, trabajaban con el Cartel de los Soles, el cual, describe el texto, opera desde el aparato del Estado venezolano usando estructuras diplomáticas, empresas fachadas y protección institucional para mover drogas y dinero.
(Con información de El Nacional)
