La ONG Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi) denunció este lunes una política sistemática del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) que ha resultado en la suspensión arbitraria de salarios a decenas de miles de trabajadores del sector educativo en Venezuela.
Según la organización, desde octubre del año escolar 2024-2025, se han registrado más de 40.000 casos de docentes, personal administrativo y obrero afectados por medidas de despido o suspensión, sin expediente ni justificación legal.
Gricelda Sánchez, presidenta de Fordisi, explicó que se trata de trabajadores con fuero maternal o sindical, en reposo médico o en reincorporación postnatal, muchos de los cuales han sido suspendidos hasta en cuatro ocasiones durante el presente período escolar.
“Es inadmisible que primero se suspenda el salario y después se investigue. Es una violación flagrante del debido proceso y del principio de presunción de inocencia”, declaró Griselda Sánchez en nota de prensa.
Fordisi asegura que escuelas enteras están sin personal
La organización alertó que existen instituciones educativas con 100% de su personal docente suspendido, lo que ha dejado a miles de estudiantes sin clases, justo cuando se aproxima el receso escolar.
Esta situación contrasta con los discursos oficiales sobre estabilidad laboral y reingreso de jubilados, denunció la organización.
Bono vacacional en riesgo
En la quincena del 10 de junio, se procesó una nueva ola de suspensiones que habría afectado a más de 8.000 docentes. Si no se revierte esta medida antes de julio, muchos podrían quedar excluidos del bono vacacional, agravando su ya precaria situación económica, señaló Fordisi.
La ONG afirmó que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, no ha ofrecido declaraciones ni ha respondido a las solicitudes de reunión del gremio docente. Además, no existe un mecanismo claro de apelación ni una vía expedita para la restitución de los salarios suspendidos, lo que mantiene en incertidumbre a miles de familias.
Ante esto, Fordisi pidió la intervención urgente de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que investiguen esta política sistemática, la declaren contraria al derecho internacional y exijan la reparación integral a las víctimas.
“No puede haber impunidad frente a la destrucción planificada del sistema educativo nacional”, señaló Gricelda Sánchez.
(Con información de El Nacional)
