El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció el miércoles la desaparición de dos familiares de un chofer de la líder opositora María Corina Machado, quienes habrían sido sacados de su vivienda por funcionarios de organismos de seguridad del Estado el pasado 6 de mayo.
«Jesús Ángel Manrique y Juan Pablo Manrique están secuestrados por el régimen desde el 6 de mayo del 2025. Funcionarios del régimen se los llevaron de su casa a la fuerza, sin orden judicial, por ser familiares de uno de los choferes de la líder María Corina Machado», indicó Vente Venezuela en una publicación en redes sociales.
Señalaron que desde ese entonces sus familiares no han obtenido ningún tipo de información sobre su paradero, por lo que temen por su integridad.
La organización pidió la liberación inmediata de estas dos personas.
Vente Venezuela destacó que este tipo de acciones se conoce como el método sippenhaft, un castigo instaurado durante el nazismo que consiste en extender las violaciones de derechos humanos de un individuo a sus familiares. Ya ha sido denunciado por instancias internacionales como la Misión de Determinación de Hechos.
«Forma parte del terrorismo de Estado y las violaciones de derechos humanos que el régimen sigue ejecutando contra la disidencia en Venezuela», destacó la organización.
Detienen a varios dirigentes de Vente Venezuela
La semana pasada, Vente Venezuela también denunció las detenciones arbitrarias de dos dirigentes políticos en los estados Miranda y Carabobo. En ambos casos, fueron apresados en sus viviendas sin orden judicial, y desde entonces los familiares desconocen si fueron procesados judicialmente o su lugar de reclusión.
También fue detenido el defensor de derechos humanos y abogado Eduardo Torres, colaborador de la ONG Provea, del que tampoco se tiene información. El Ministerio Público admitió su detención y lo vinculó a una supuesta conspiración para generar violencia en las elecciones del 25 de mayo.
(Con información de El Nacional)
Edmundo González exige fin de detenciones y desapariciones forzadas en Venezuela
El líder político opositor Edmundo González Urrutia subrayó este miércoles que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela “ha sido clara”, luego de que esta denunció que las detenciones incomunicadas y en aislamiento de opositores equivalen a desapariciones forzadas.
A través de su cuenta en X, González señaló: “El régimen debe cesar de inmediato la práctica del aislamiento e incomunicación de personas detenidas por motivos políticos. Esta forma de represión no solo es ilegal, sino que puede constituir un crimen de lesa humanidad”.
Destacó que el informe presentado el lunes en Ginebra “confirma lo que los venezolanos sabemos y hemos denunciado durante años: estas detenciones no son hechos aislados, sino parte de un plan sistemático del poder para aplastar la disidencia, perseguir a quienes piensan distinto y sembrar el miedo entre la ciudadanía”.
González exigió al Estado venezolano que actúe con urgencia para:
Liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Poner fin a la persecución política y las desapariciones forzadas.
Restablecer el Estado de derecho y garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos en Venezuela.
Denuncia de la Misión de la ONU
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instó este miércoles al gobierno de Nicolás Maduro a cesar de inmediato la práctica de desaparición forzada de opositores. Alertó que esto podría constituir un crimen de lesa humanidad.
Expresó profunda preocupación por lo que describió como una práctica sistemática del Estado venezolano para silenciar a voces críticas, defensores de derechos humanos y figuras opositoras mediante el uso deliberado de detenciones arbitrarias, muchas veces sin acceso a comunicación ni asistencia legal.
“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
Según el informe, estas detenciones selectivas forman parte de una política represiva planificada desde las más altas esferas del poder, con la complicidad de cuerpos de seguridad como el Sebin, la Dgcim, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.
La misión alertó sobre la inoperancia del habeas corpus, un recurso legal básico para proteger a ciudadanos contra detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Señaló que en al menos 20 casos recientes, las solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas, ignoradas o no tramitadas por el sistema judicial.
“La indiferencia, la resistencia o la negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad”, señaló la experta Patricia Tappatá.
(Con información de El Nacional)
