La administración del presidente Donald Trump ha ejecutado más de 100 00 deportaciones y 113 000 arrestos migratorios desde su toma de posesión el pasado 20 de enero, según el diario New York Post.
Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confirmaron a NYP que, en los primeros 50 días de gobierno, se hicieron 32 000 arrestos, marcando un ritmo sin precedentes en las deportaciones.
"Está cumpliendo con lo que los votantes le encomendaron, sin rodeos", declaró una fuente de ICE bajo condición de anonimato. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado un desglose detallado sobre los antecedentes penales de los deportados ni sus países de origen, aunque se estima que la mayoría fueron enviados a México.
Entre las medidas más controvertidas destaca el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, originalmente concebida para tiempos de guerra, que permitió recientemente la deportación de 17 presuntos pandilleros de los grupos Tren de Aragua y MS-13 a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Los operativos han coincidido con una drástica reducción del 94 % en los cruces ilegales, según datos de la Patrulla Fronteriza. En marzo, se registraron apenas 7 000 ingresos irregulares, en comparación con los 137 000 del mismo mes en 2024. Si esta tendencia se mantiene, Estados Unidos podría registrar el menor flujo migratorio irregular desde 1968.
Las zonas fronterizas de San Diego y El Paso concentran actualmente el 68 % de los cruces residuales. Fuentes del DHS atribuyen esta disminución al "efecto disuasorio" de las políticas de Trump.
"Los migrantes ahora saben que hay consecuencias reales al ingresar ilegalmente", explicó un funcionario. La administración ha solicitado al Congreso 3 500 millones de dólares adicionales para ampliar la capacidad de los centros de detención migratoria.
Contexto
Donald Trump ha hecho de la inmigración uno de los ejes centrales de su agenda política. El líder republicano ha prometió una línea dura contra la migración irregular, con medidas como la construcción de un muro fronterizo y deportaciones masivas.
En un artículo de opinión publicado antes de las elecciones, anunció su intención de utilizar la "Ley de Enemigos Extranjeros" para expulsar a pandilleros, narcotraficantes y miembros de cárteles. Además, anunció que transferiría recursos de agencias federales como el FBI y la DEA para reforzar la aplicación de las leyes migratorias.
En sus primeros días de gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a acelerar las deportaciones y aumentar la presencia militar en la frontera. Estas acciones reflejan las promesas que hizo durante su campaña, entre ellas "la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos", según declaró en un video difundido en sus redes sociales.
Sin embargo, la política migratoria de Trump enfrenta un obstáculo luego de que un juez federal suspendiera el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para la expulsión de presuntos pandilleros venezolanos.
La orden de restricción temporal, emitida por el juez de distrito James Boasberg, mantendrá en suspenso el uso de la ley hasta el 12 de abril, mientras se desarrolla el litigio.
El juez emitió una congelación de dos semanas sobre el uso de la ley durante una audiencia de emergencia el 15 de marzo, tras su invocación por parte del mandatario republicano.
La Ley de Extranjeros Enemigos se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando se empleó para internar y deportar a inmigrantes japoneses, italianos y alemanes.
(Con información de El Cooperante)
