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La cifra se elevó a 733 según el Ministerio Público: Excarcelados otros 200 presos políticos

 


El Ministerio Público confirmó este viernes la excarcelación de 733 personas detenidas tras las protestas postelectorales de julio, luego de la revisión de 200 medidas procesales.

En un comunicado publicado en Instagram, la Fiscalía informó que entre 19 y 20 de diciembre fueron acordadas con el Poder Judicial, a solicitud del organismo, 200 medidas cautelares para los aprehendidos.

“Con estas nuevas solicitudes aprobadas se alcanza la cifra de 733 excarcelaciones realizadas en el marco del debido proceso garantizado por la Constitución de la República”, se lee en el texto.

Asimismo, el Ministerio acotó que continuará el proceso de revisión “exhaustiva” de estos casos durante las próximas horas. Señaló que las liberaciones se dan de manera coordinada e “inspirada” en el proceso de colaboración entre los Poderes Públicos.

Excarcelaciones en el país

Estas revisiones se dan días después de que la Fiscalía informara el análisis de 179 medidas y la excarcelación de 533 ciudadanos.

En ese momento, el fiscal general, Tarek William Saab informó que el MP ha realizado un total de 1.104 diligencias de investigación y 129 reconocimientos médicos a los detenidos, lo que suma un total de 1.233 actuaciones en relación con estos hechos. También reiteró que las liberaciones de detenidos en las últimas semanas "no están relacionadas con organizaciones no gubernamentales".

Por otro lado, la Vicepresidencia Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz confirmó el 12 de diciembre la excarcelación de 103 personas.

“Desde la Vicepresidencia Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, se informa al país que en las últimas 72 horas (10, 11 y 12 de diciembre) se han producido 103 excarcelaciones, que se suman a 225 medidas cautelares otorgadas el pasado 26 de noviembre del presente año”, expresó en un comunicado.

CIDH pide a Venezuela liberar a todos los adolescentes 


 


 


 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó este viernes al gobierno de Nicolás Maduro la excarcelación de seis adolescentes detenidos en el contexto de las protestas postelectorales.

En un comunicado, la Comisión detalló que las detenciones de los menores de edad están enmarcadas por “violaciones al debido proceso”, a la presunción de inocencia y al derecho a un recurso efectivo.

En las supuestas “irregularidades” documentadas, la CIDH destacó la precalificación como “terroristas” de los detenidos, el uso de tipos penales “ambiguos”, la presentación telemática ante tribunales antiterrorismo “sin la presencia de familiares”, la asignación de defensores públicos y la “denegación de acceso a los expedientes”.

“La CIDH condena la privación arbitraria de la libertad de seis adolescentes que fueron detenidos en el contexto de las protestas postelectorales. Insta al Estado a liberarlas de forma inmediata y poner fin definitivo a la persecución política en el país”, se lee.

Asimismo, el organismo internacional indicó que se han “reportado condiciones de detención incompatibles” con la dignidad y necesidades especiales de atención de los menores. Entre las que mencionó: falta de separación por categorías, según sexo y edad; y ausencia de contacto personal y directo con sus representantes legales.

CIDH pide adoptar medidas urgentes

Por ello, recordó que el Estado está “obligado a anular” todos los actos procesales obtenidos mediante “cualquier forma de coacción que quiebre la voluntad de las personas".

“Estas prácticas no solo constituyen una grave violación de normas internacionales de derechos humanos, sino que también vulneran el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, quienes requieren una protección especial. Además, estas acciones incumplen las garantías del debido proceso, que exigen procedimientos judiciales justos, imparciales y respetuosos, incluyendo el derecho a la presunción de inocencia y a un recurso efectivo”, acotó.

Por último, la Comisión llama al Estado venezolano a adoptar medidas urgentes para restablecer la independencia y separación de los poderes públicos, lo cual es -se expone- esencial para garantizar un sistema de justicia que funcione de manera imparcial y autónoma.

(Con informaciones de El Cooperante)

 

 

 

 

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