Por El Nacional
La Corte Penal Internacional -CPI- celebró hace una semana
el primer «cara a cara» sobre el caso de la comisión de presuntos crímenes de
lesa humanidad en Venezuela a manos del régimen de Nicolás Maduro.
La organización Acceso a la Justicia destacó que lo ocurrido
entre el 7 y el 8 de noviembre es una lección para los venezolanos de lo que es
una causa con el debido proceso y las garantías judiciales.
En esos días, las partes tuvieron la oportunidad de
expresarse y exponer sus argumentos y fueron escuchadas por los jueces, que les
hicieron preguntas.
Según la ONG, el fallo de la Sala de Apelaciones de la Corte
Penal Internacional puede ir hacia cuatro direcciones:
1) Confirmar la decisión de la Sala de Cuestiones
Preliminares que autorizó a la Fiscalía a reanudar sus averiguaciones.
2) Revertirla o anularla.
3) Modificarla.
4) Enviar el asunto a la Sala de Cuestiones Preliminares
para que emita un nuevo pronunciamiento.
Se trató de la primera vez que las víctimas pudieron
dirigirse libremente ante un juez sin temor a ser intimidados.
El magistrado Marc Perrin de Brichambaut dijo que emitirán
un veredicto lo más pronto posible, pero no hubo indicios de cuándo ocurriría
eso, además de que las normas de la Corte Penal Internacional no establecen un
plazo, señaló la ONG en su página web.
Destacó que todas las personas que se interesaron en seguir
el acto pudieron hacerlo a través de Internet.
«Debemos recalcar las palabras de Paolina Massidda en nombre
de las víctimas, pues la comisión de crímenes de lesa humanidad no ha cesado,
añadió.
Demora injustificable
en procesar casos
La organización destacó que la Fiscalía de la CPI considera
que Venezuela no está en capacidad o no
ha mostrado interés en investigar los hechos. Como prueba, agregó la ONG,
señaló la demora injustificable en procesar casos ocurridos hace una década.
«Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo
crímenes con impunidad», afirmó Paolina Massidda, jefa de la Oficina de la
Defensoría Pública de las Víctimas.
«Las víctimas han sido sometidas a actos inimaginables de
violencia, persecución y abusos contra los derechos humanos. Sus familias han
soportado tragedias inenarrables y tienen interés legítimo en que se
responsabilice a quienes cometieron delitos», expresó Massida.
Enfatizó que la Corte Penal Internacional es la única vía
judicial disponible para las víctimas en su búsqueda de justicia, consuelo y
sanación.
