Los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) operan como recintos penitenciarios paralelos en el país, donde las condiciones de reclusión "resultan incompatibles para la dignidad humana", alertó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su más reciente informe.
El documento señala que, hasta la fecha, 7.414 privados de libertad permanecen en 157 centros de detención preventiva del Cicpc en todo el país. Del total de detenidos, el 56,7% tiene entre 26 y 45 años de edad.
La investigación reveló que 17 adolescentes de entre 14 y 17 años, además de 181 adultos mayores de 65 años, forman parte de la población detenida en esos espacios.
El OVP detalló en el informe los delitos por los que son acusados. El homicidio encabeza la lista con 837 casos, lo que representa un 11,3%; delitos sexuales, con 442 (6%); robos, con 182 (2,5%); incidencias por hurtos tiene 134 casos (1,8%); drogas, con 224 (3%); extorsión, con 71 (1%), y secuestro, con 27 casos (0,4%).
De acuerdo con la ONG, las autoridades a cargo de las cárceles paralelas del Cicpc, que no categorizan debidamente a los privados de libertad basándose en su antecedentes penales y nivel de peligrosidad, están aportando al incremento de los actos de violencia en esos espacios.
Siguiendo estándares internaciones, el OVP señaló que para custodiar a la población penitenciaria se requieren al menos 2.226 funcionarios distribuidos en tres turnos, debido a que actualmente el personal es insuficiente.
Familiares pagan a funcionarios para cubrir necesidades básicas de los reclusos
Por otro lado, la carga financiera que recae sobre los familiares de los reclusos es otro de los problemas abordados en el informe. Testimonios recabados por la organización señalan que funcionarios de los recintos paralelos exigen a las familias sumas de hasta 200 dólares para que sus allegados puedan cubrir necesidades básicas como agua, alimentos y medicinas.
"El acceso a un trato digno dejó de depender del Estado y pasó a depender de la capacidad económica de los familiares", explicó una investigadora del OVP.
Advirtió que la falta de recursos económicos aumenta la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en esos espacios.
La organización aseguró que no hay registros públicos que certifiquen la asignación de presupuesto destinado a garantizar la atención básica de la población penal en los calabozos. Según la investigadora, algunos funcionarios han asumido gastos como traslados a tribunales o ayuda alimentaria a los privados de libertad que carecen de recursos económicos.
Ante este escenario, el OVP exigió reducir el tiempo de prisión preventiva, acelerar los procesos judiciales para evitar que los detenidos pasen hasta un año sin recibir sentencia definitiva, trasladar a las personas procesadas a centros penitenciarios del país y fortalecer los mecanismos de supervisión a fin de evitar muertes por violencia, desnutrición y falta de atención médica.
(Con información de El Nacional)
