La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió este viernes destituir al fiscal Karim Khan, luego de determinar que incurrió en una «falta grave y un incumplimiento grave de sus deberes», una medida sin precedentes dentro del tribunal encargado de investigar y juzgar los crímenes internacionales más graves.
La decisión fue adoptada durante una sesión especial celebrada en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma evaluaron el procedimiento disciplinario abierto contra Khan.
«La Asamblea adoptó una decisión, mediante votación secreta y por mayoría absoluta de 82 Estados Partes, en la que determinó que el Sr. Karim Khan incurrió en una falta grave y un incumplimiento grave de sus deberes, y lo destituyó de su cargo en virtud del artículo 46 del Estatuto de Roma», informó la Presidencia de la Asamblea en un comunicado.
El organismo indicó que continuará solicitando el respeto por la privacidad y los derechos de todas las personas involucradas en el proceso.
Tras conocerse la decisión, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, celebró la salida de Khan y afirmó en X que el ahora exfiscal creyó que sus actuaciones contra Israel «distraerían» de las acusaciones de conducta sexual indebida en su contra.
La destitución de Khan no implica el cierre automático de las investigaciones que permanecen abiertas en la Fiscalía de la CPI.
El proceso disciplinario se inició luego de una investigación realizada por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS), a raíz de una denuncia presentada por una antigua colaboradora de Khan.
La denunciante afirmó haber sufrido contactos sexuales no consentidos entre marzo de 2023 y abril de 2024 durante viajes oficiales y en instalaciones vinculadas a la Fiscalía de la CPI.
En junio pasado, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes había acordado suspender a Khan con «efecto inmediato» mientras avanzaba el procedimiento.
La salida de Khan ocurre meses después de que la presidencia ad hoc de la CPI aceptara su solicitud para apartarse de las actuaciones relacionadas con el caso Venezuela.
La petición fue presentada por Khan el 18 de agosto de 2025, luego de que la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte considerara que existía un posible «conflicto de interés» debido a la relación profesional y familiar previa entre él y la abogada Venkateswari Alagendra.
Alagendra formó parte del equipo jurídico que representó a Venezuela durante procedimientos de apelación ante la CPI.
Según la Sala de Apelaciones, «un observador imparcial e informado podría percibir un posible sesgo», por lo que consideró justificado que Khan solicitara apartarse del caso conforme a la Regla 35 del Reglamento de la Corte.
Khan manifestó su desacuerdo con esa interpretación, aunque aseguró que respetaba la autoridad del tribunal y que cumpliría la decisión de los jueces.
El entonces fiscal sostuvo que las relaciones profesionales previas «no deberían considerarse automáticamente como una causa de recusación», pero reconoció que correspondía a la Corte pronunciarse sobre cualquier duda relativa a su imparcialidad.
Tras la aceptación de la excusa, la conducción de la investigación sobre Venezuela quedó a cargo del vicefiscal Mame Mandiaye Niang.
Gobierno interino comunicó a la ONU decisión de iniciar retiro definitivo de Venezuela de la CPI
El ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, informó este viernes que Venezuela notificó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI).
«Por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127», escribió Plasencia en su cuenta de X.
El funcionario aseguró que el gobierno venezolano considera que la actuación de la CPI responde a un «sesgo geográfico demostrado», al concentrar, según afirmó, su trabajo de «manera desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.
«Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», sostuvo.
Plasencia afirmó que dicho sesgo «no es una simple coincidencia procesal», sino una muestra de una institución que, a su juicio, habría puesto sus mecanismos «al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger».
Por ello rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir», añadió.
Finalmente, reiteró el compromiso de Venezuela con una justicia «genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos».
En contexto
La salida de Venezuela de la CPI ya había sido planteada por el gobierno. En diciembre de 2025, la entonces Asamblea Nacional (2021-2025) aprobó en primera discusión un proyecto de ley orientado a derogar la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma, un paso requerido para formalizar el retiro del tribunal internacional.
En ese momento, el diputado Roy Daza argumentó que existía una posición «sesgada» por parte de la CPI y defendió la propuesta presentada ante el Parlamento.
Daza aseguró que las instituciones venezolanas habían demostrado «voluntad y capacidad» para investigar hechos que pudieran constituir delitos y cuestionó la actuación de la Fiscalía del tribunal internacional, a la que acusó de estar «instrumentalizada por los poderes económicos, políticos y culturales del imperialismo».
Asimismo, afirmó que terceros habían buscado convertir a la CPI en una «herramienta de presión política» contra Venezuela.
Durante esa gestión parlamentaria, los diputados también criticaron a la Fiscalía de la CPI por lo que calificó como incumplimientos en los «compromisos de cooperación y complementariedad» con Venezuela, además de cuestionar el cierre de la oficina del organismo en Caracas.
Los diputados de ese período rechazaron las declaraciones del fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, quien informó sobre la decisión de cerrar esa oficina ante la falta de «progreso real» en la cooperación con Venezuela en materia de complementariedad, principio que establece que los Estados deben investigar primero los hechos antes de la intervención del tribunal internacional.
En ese momento, sostuvieron que la CPI había incumplido los memorandos de entendimiento suscritos con Venezuela y denunciaron que el tribunal se había desentendido de «brindar asistencia técnica a las instituciones venezolanas».
(Con informaciones de El Cooperante)
