El empresario colombiano Alex Saab se declaró este viernes «no culpable» de los cargos de lavado de dinero y otros delitos que enfrenta en Estados Unidos, durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Miami a la que no asistió personalmente.
Según informó la agencia EFE, la declaración fue presentada por sus abogados ante la jueza Lauren F. Louis, quien presidió una breve audiencia en la que la defensa también solicitó que el proceso sea conocido por un jurado.
Las autoridades estadounidenses formalizaron contra Saab acusaciones por presunto lavado de dinero, conspiración para llevar a cabo transacciones financieras y por supuestamente ocultar y encubrir el origen de los fondos objeto de la investigación.
Durante la audiencia no se fijó una fecha para el inicio del juicio ni se abordó la posibilidad de concederle libertad bajo fianza.
Saab, de 54 años y nacido en Colombia, compareció por primera vez ante la justicia estadounidense el pasado 18 de mayo, dos días después de haber sido deportado desde Venezuela.
En esa oportunidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el empresario enfrentaba una acusación por su presunta participación en una «extensa conspiración internacional de lavado de dinero» vinculada a la supuesta corrupción en el programa de alimentos CLAP.
Según las autoridades, habría conspirado para sobornar a funcionarios venezolanos con el fin de obtener contratos de importación de alimentos, utilizar empresas fantasma y documentación presuntamente fraudulenta para ocultar el origen de los recursos y canalizar fondos a través del sistema financiero estadounidense.
La investigación también sostiene que el esquema se habría extendido entre 2019 y enero de 2026 y que Saab podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable.
En junio, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, en Colombia, ordenó medidas cautelares contra la empresa Jacadi de Colombia S. A., vinculada a Saab y a su exesposa, Cyntia Eugenia Ceratin Ospina.
Según informó la revista Semana, el tribunal dispuso el «embargo y secuestro de recursos depositados en cuentas bancarias y otros productos financieros de la compañía», así como la revisión de cuentas relacionadas con otras empresas mencionadas en investigaciones por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La decisión incluyó el embargo inmediato de 1.478 millones de pesos colombianos con el propósito de impedir el movimiento de recursos a través de las compañías involucradas.
EFE recordó que el empresario, considerado por las autoridades estadounidenses como un «estrecho aliado» de Nicolás Maduro, ya había enfrentado anteriormente cargos por lavado de dinero en ese país.
Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, fue liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.
Su traslado nuevamente a Estados Unidos ocurrió tras la operación ejecutada el pasado 3 de enero en Caracas, que culminó con la captura de Maduro, quien permanece detenido en Nueva York y enfrenta cargos relacionados con narcotráfico.
Esta semana, Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York, donde el juez del caso propuso que el juicio en su contra comience en junio de 2027.
El nuevo proceso judicial contra Saab se desarrolla días después de que un juez federal de Miami condenara al empresario, junto con Maduro y otros demandados, a pagar 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido encarcelados y sometidos a presuntas «torturas» en Venezuela.
La sentencia fue dictada en rebeldía luego de que los acusados no respondieran a la demanda presentada bajo la Ley Antiterrorista de Estados Unidos.
Los demandantes, Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, recuperaron su libertad en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington, mediante el cual Estados Unidos liberó a Alex Saab. El fallo constituye la mayor indemnización concedida hasta ahora en una demanda presentada por ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela.
(Con información de El Cooperante)
