La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) ratificó este lunes el llamado a un «paro nacional de actividades» por 24 horas para el próximo miércoles 22 de abril. Según la organización gremial, la medida —que suma a las 18 universidades públicas y al magisterio— se confirma tras «agotarse los plazos de diálogo» con el Ejecutivo sin obtener respuestas sobre el ajuste salarial.
La ratificación del llamado se produce como un paso definitivo tras el anuncio inicial realizado la semana pasada. La APUCV subrayó que la paralización busca una «respuesta institucional» que permita «rescatar el valor del trabajo» y garantizar la sostenibilidad del sistema educativo superior. Durante el proceso de validación de la medida, la representación gremial fue enfática al señalar la determinación del sector frente a la crisis actual: “La semana que viene, 24 horas de paro, y si el gobierno no responde, él sabrá si tiene que entenderse con las universidades paralizadas o funcionando”.
Esta jornada de protesta ha sumado el respaldo de las principales fuerzas sindicales del país. Organizaciones como la CTV, UNETE, CUTV, CGT y CODESA suscribieron un «acuerdo de apoyo» para garantizar el «acompañamiento pacífico de la jornada». Los gremios ratificaron que se mantendrán en sesión permanente para monitorear el cumplimiento del paro en todo el territorio nacional, instando a las autoridades a formalizar «canales de negociación» que atiendan las necesidades socioeconómicas de los trabajadores.
La convocatoria original de este cese de actividades se efectuó el pasado 14 de abril, durante una asamblea intergremial en la Facultad de Ingeniería de la UCV. En dicho encuentro se planteó la paralización como un mecanismo para denunciar la situación del salario mínimo nacional, que se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. Durante el anuncio inicial, los voceros subrayaron que, aunque no funcionan como una organización política, los trabajadores están decididos a actuar con la fuerza de un bloque organizado para defender su sustento.
Esta situación se desarrolla en un marco de movilizaciones en Caracas y otras ciudades del país, donde los trabajadores exigen mejoras salariales al cumplirse cuatro años del último ajuste decretado por el Ejecutivo. Actualmente, el salario mínimo de 130 bolívares representa alrededor de 27 centavos de dólar según la tasa oficial, lo que ha profundizado la crisis del sector.
La ratificación del paro ocurre mientras la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asomó la posibilidad de un incremento «responsable» para el próximo 1 de mayo, condicionado a la «sostenibilidad económica y a la recuperación de ingresos nacionales». No obstante, Rodríguez ha insistido en que el levantamiento total de las sanciones internacionales es una condición clave para la «estabilización financiera», afirmando que la restitución de estos derechos económicos para el país «es un derecho, no una limosna». Esta postura se da tras la reciente firma de acuerdos petroleros con Estados Unidos y en medio de la coyuntura política generada por la detención de Nicolás Maduro en Nueva York.
(Con información de El Cooperante)
