La ONG Cofavic (Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 conocidos como el Caracazo), expresó este miércoles su preocupación por lo que calificó como una aplicación “discrecional” de la ley de amnistía vigente en el país, al considerar que este manejo irregular estaría profundizando el sufrimiento de las víctimas y sus familiares.
A través de su red social X, la organización advirtió que el proceso de implementación de la norma se ha visto marcado por la falta de información clara y criterios uniformes, lo que —según sostiene— incrementa el dolor de quienes esperan respuestas y atención del Estado.
“La desinformación y la discrecionalidad con que está siendo aplicada la ley de amnistía profundiza el dolor de las víctimas y sus familias y también aumenta el riesgo de daños irreversibles a la salud de quienes permanecen privadas de libertad”, afirmó la organización.
Cofavic, reiteró que la forma en que se está aplicando la ley, así como la exclusión de personas detenidas de manera arbitraria, podría estar generando nuevas vulneraciones de derechos humanos.
Desde su perspectiva, la liberación de personas privadas de libertad por razones políticas debe ser plena, inmediata y sin condicionamientos, al tratarse de una demanda urgente en materia de derechos humanos.
La liberación plena de los detenidos “arbitrariamente por razones políticas es una demanda legítima y de carácter urgente”, indicó.
Amnistía parcial deja incompleta liberación
La organización insistió además en que una amnistía que no incluya a todos los afectados pierde su carácter integral y queda incompleta mientras existan personas detenidas bajo estas circunstancias.
En ese sentido subrayó que la amnistía “no puede ser parcial” y que mientras haya “personas detenidas arbitrariamente, sigue siendo incompleta”.
El pronunciamiento de Cofavic se produce un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comparara el alcance de la amnistía venezolana con procesos similares en otros países, entre ellos Sudáfrica tras el apartheid y España en 2024, destacando su amplitud y alcance.
Rodríguez afirmó que el mecanismo venezolano habría beneficiado a “más de 8.000” personas desde su aprobación, aunque organizaciones de derechos humanos han cuestionado la falta de transparencia en las listas oficiales y el alcance real de las liberaciones.
La mandataria también pidió dar seguimiento “prudente” a la implementación de la norma, al considerar que el país atraviesa una etapa que debe orientarse hacia la reconciliación y el cierre de conflictos políticos.
Asimismo, señaló que algunas de las personas beneficiadas por la medida estarían “planificando el conflicto”, sin ofrecer mayores detalles ni identificaciones.
Denuncian negación amnistía a periodistas, estudiantes y jóvenes
En paralelo, organizaciones de la sociedad civil han denunciado en los últimos días que en varios casos recientes se ha negado la aplicación de la amnistía a personas como el periodista Rory Branker, el estudiante Jonathan Carrillo y una adolescente de 16 años, además de otros sindicalistas y dirigentes opositores.
El debate sobre la ley ocurre en un contexto político marcado por cambios recientes en el país, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y la posterior reconfiguración del poder, escenario en el que el gobierno ha impulsado medidas de apertura, liberaciones parciales y acercamientos internacionales, mientras persisten las denuncias de organizaciones de derechos humanos.
(Con información de El Nacional
