En medio de un complejo cuadro de deudas y carencias que afecta a la Universidad de Carabobo en todos sus ámbitos, al igual que a las demás universidades autónomas del país, el vicerrector Administrativo de esa casa de estudios elevó su voz pidiendo, una vez más, se subsanen las irregularidades que afectan directamente tanto el bolsillo como la estabilidad de los trabajadores universitarios.
En vísperas del período vacacional, José Ángel Ferreira informó que han transcurrido ocho meses del año fiscal y, durante este lapso, debió haberse ejecutado el presupuesto para gastos de funcionamiento proporcionalmente, en función de lo asignado originalmente (Bs. 120.905.826). Sin embargo, lo único que se ha ejecutado es 2,9 % de ese presupuesto, en lugar del 65% correspondiente.
La autoridad ucista precisó que esta situación de incumplimiento de la Ley de Presupuesto ya va para cinco años, desde 2020.
Señaló que ésta es una situación que trae mucha preocupación, porque “la institución está sobreviviendo de los exiguos ingresos propios obviamente suficientes para manejar una institución que tiene una población de más de 30 mil personas, repartida en tres estados con distintas sedes, y mantener una extensión de 460.000 metros cuadrados con 330.000 de construcción”.
Al referir su preocupación acerca de la ejecución de la Ley de Presupuesto de las universidades nacionales y el proceso de las retenciones laborales, a estas alturas del año 2025, informó su preocupación acerca de los cinco años que se van a cumplir en septiembre con respecto a la irregularidad planteada por la plataforma Patria de no enterar los descuentos legales vigentes en la ley.
El vicerrector recordó que existe la obligación legal de dar aportes y retenciones para las cajas de ahorro; sin embargo, estos aportes solamente se han restringido al año 2022. Pero el resto de organismos, incluyendo los fondos de pensiones de profesores y empleados, los organismos gremiales como Apuc, las asociaciones de empleados, los sindicatos obreros, el Consejo de Profesores Jubilados, todos han tenido el problema de que se están descontando los aportes y no están llegando a las arcas de estos organismos.
Luego están los descuentos legales, el impuesto sobre la renta, el seguro social obligatorio, la ley de política habitacional, el seguro social, pensiones alimentarias y las obligaciones de ley que tienen que ver con los aportes patronales, están siendo descontados y nuestros trabajadores están quedando insolventes en todos esos organismos, habiendo pagado. Una situación a todas luces irregular que daña el patrimonio personal del trabajador y daña su reputación como contribuyente.
Es una deuda que sobrepasa los dos millones de dólares, la cual llegará en bolívares en una cantidad absolutamente irrisoria.
José Ángel Ferreira indicó que “un buen paso sería cancelar esa deuda, ahora casi insignificante, y comenzar a regularizar una situación que ante los bajos sueldos (cada vez menores) pero que tiene que ver con procesos éticos, morales e inclusive de expectativas de la gente de reforzar su comportamiento como ciudadano cuando él cumple las obligaciones legales exigidas por el país”.
Enfatizó su solicitud al pedir al Ejecutivo Nacional “que esto se regularice, pero además revisar el presupuesto nacional, es decir, que lo que se aprueba en el presupuesto ley, se cumpla, sincerando las cifras para evitar las distorsiones que estamos viviendo en la actualidad a nivel de planificación”.
(Con nota de prensa)
