Este viernes, el Consejo de Derechos Humanos (DDHH) aprobó prorrogar el trabajo de la Misión Internacional de Investigación de la ONU sobre Venezuela.
La resolución fue aprobada por 23 votos a favor, seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) y 18 abstenciones en la última jornada de la 57 sesión del Consejo.
En el documento resaltaron y lamentaron el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, sobre todo en el contexto de las presidenciales. A su vez pidieron la liberación de todos los presos políticos.
La resolución fue impulsada por Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Uruguay, y se unieron en su apoyo alrededor de medio centenar de miembros de la ONU.
La Misión Internacional de Investigación de la ONU sobre Venezuela elaboró al menos cinco informes desde 2019 en los que denunciado «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y el uso de la justicia como herramienta de represión» por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
(Con información de 800 Noticias)
Venezuela: "No reconocemos resoluciones impuestas"
El gobierno de Nicolás Maduro se pronunció este viernes durante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, donde los países miembros debaten si se renueva el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos.
“Venezuela no reconoce los mandatarios impuestos a países bajo criterios selectivos, politizados y doble estándar. Los países occidentales insisten en convertir este consejo en un instrumento de cohesión y chantaje, en un tribunal de inquisición contra los pueblos y los gobiernos del sur global”, dijo el representante de Venezuela durante el debate.
Aseveró que algunos países miembros “están conduciendo al consejo a correr la misma suerte que la extinta comisión de derechos humanos” y acusó a Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el antiguo Grupo de Lima de “diseñar esta resolución con el propósito de aplicar lo que llamaron la máxima presión sobre Venezuela”.
“A través de la manipulación de los instrumentos y fines de este consejo buscaban imponer la fracasada doctrina del cambio de régimen, que empezaba por reconocer un fantasioso gobierno interino, juramentado en una plaza pública, no electo por nadie, sin apoyo popular, al que no se le solicitaron actas, pero que justificaba el derrocamiento de un gobierno popular que no le gustaba al régimen de Washington”, expresó.
“¿Queda alguna duda sobre la politización de este documento? ¿Queda alguna duda de que sus objetivos no son los derechos humanos? Los invito a revisar la lista de países que apoyan esta resolución, donde hallará los nombres de los principales responsables de las invasiones y golpes de Estado ocurridos en Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador, Granada, Panamá, Vietnam, Afganistán, Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Palestina, Líbano y un largo etcétera”, agregó.
El funcionario venezolano cuestionó que algunos gobiernos pretendan dar “clases de moral y derechos humanos a los países del sur global”.
Según dijo, el presupuesto previsto para la renovación del mandato de la misión es de más de 8 millones de dólares.
“¿Hasta cuándo este consejo permitirá que se derroche el dinero de los mandatos politizados que no tienen logros tangibles ni significativos sobre la cooperación en derechos humanos”, se preguntó.
Finalmente, destacó que Venezuela “no reconoce resoluciones impuestas” y afirmó que “votar en contra de este documento político es una denuncia a la injusticia histórica contra los pueblos del sur global”. (El Cooperante)
