Amnistía Internacional emitió este viernes una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en la que solicitó "acciones urgentes" por parte del tribunal de justicia sobre el caso de Venezuela en medio de la actual crisis que enfrenta el país.
"Los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio, encajan plenamente en la investigación de su oficina. De hecho, desde que se anunciaron los resultados sin respaldo y los cuales fueron impugnados, las autoridades estatales han intensificado una política de represión de forma generalizada, que incluye: detenciones arbitrarias masivas por motivos políticos, desapariciones forzadas y tortura", reza la misiva.
La organización detalló que ha recibido "información confiable" sobre el uso de "fuerza letal y fuerza menos letal excesiva por parte de funcionarios públicos y grupos armados progubernamentales, que ha dejado un saldo de al menos 17 personas muertas; allanamientos ilegales de viviendas con uso excesivo de la fuerza; el despliegue de fuerzas de seguridad no uniformadas; y un discurso fuertemente estigmatizante contra activistas políticos, personas defensoras de derechos humanos y ONG".
En este sentido, Amnistía Internacional consideró que el "silencio" de la Fiscalía de la CPI ante los recientes acontecimientos en Venezuela "es alarmante".
"No se puede afirmar con mayor contundencia que el actual aumento, en escala y gravedad, de los actos que se están cometiendo contra las y los venezolanos exige una acción inmediata de su Fiscalía", agrega.
Ante ello, la organización pidió a la CPI que emita urgentemente una declaración preventiva sobre la situación en Venezuela, "poniendo sobre aviso a las y los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional de que serán llevados ante la justicia".
"La CPI verdaderamente representa un último recurso para las víctimas de los crímenes más graves en Venezuela. No se trata de una mera noción retórica. No es exagerado decir que la posibilidad real de ser considerado individualmente responsable por la CPI puede disuadir a los actores de cometer crímenes internacionales. En Venezuela, la CPI es vista por las víctimas y las y los posibles perpetradores como el mecanismo internacional de mayor poder e importancia, que puede buscar eficazmente la justicia, la verdad y la reparación. De hecho, su mandato requiere que su Fiscalía investigue los crímenes de lesa humanidad, que monitoree la situación y que disuada a quienes cometan delitos que caen dentro de la jurisdicción de la Fiscalía".
La ONG recordó que concierne al fiscal de la CPI "advertir a quienes ordenan y cometen actos incluidos en su investigación que los investigará y los llevará ante la Corte. Dicha advertencia, que su Fiscalía ha publicado anteriormente para otras situaciones, también brindaría esperanza a las víctimas en Venezuela de que no las ha olvidado, y recordaría a las y los venezolanos que los ojos de la CPI y de la comunidad internacional están puestos en ellas y ellos".
También exhortó a la CPI apoyar públicamente a todas las ONG venezolanas y a aquellas que son parte integral del desarrollo de las investigaciones en el país, además de condenar "los ataques" contra las organizaciones no gubernamentales.
"En Venezuela, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y grupos de víctimas y otras personas defensoras de derechos humanos han sido objeto de ataques continuos por parte del gobierno por su búsqueda de justicia y los derechos humanos. Esto ha resultado en ataques, estigmatización y otras formas de acoso. De hecho, los ataques y restricciones contra las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos se deben a las actividades relacionadas con la búsqueda de justicia y la documentación de violaciones de los derechos humanos que llevan adelante estas personas", acotó.
Amnistía Internacional aseguró que "tiene conocimiento de casos en los que las autoridades venezolanas han atacado específicamente a personas por su inmensa valentía en la búsqueda de justicia. Esto ha incluido la detención arbitraria de varias personas, la anulación de pasaportes, y la realización de campañas de estigmatización por parte de autoridades de alto rango. En consecuencia, en tanto la Corte está obligada a brindar protección a las víctimas y testigos de conformidad con las disposiciones del Estatuto de Roma, su Fiscalía debe garantizar urgentemente que la Corte adopte dichas medidas de protección".
Por último, pidió acelerar urgentemente su investigación sobre la situación en Venezuela.
"Si bien reconocemos que debe llevar a cabo investigaciones penales creíbles, profesionales, e independientes, es evidente que cada día que pasa marcado por el retraso de avances tangibles en la investigación, va acompañado de nuevas violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Podemos decir, con certeza, que la impunidad de los máximos responsables de crímenes de derecho internacional en Venezuela sigue empoderando a quienes cometen tales crímenes en el país. Hasta que todas las personas con responsabilidad individual (hasta los niveles más altos) sean llevados ante la justicia, es casi seguro que la represión violenta que están sufriendo las y los venezolanos continuará", sentenció.
/Con información de El Cooperante/Agencias)
