La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este
martes en un debate sobre la situación de Venezuela que el país celebre unas elecciones
presidenciales «transparentes, inclusivas y participativas», el próximo 28 de
julio
Asimismo, solicitó que se permita que sus trabajadores
expulsados en febrero regresen al país.
«Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto
plenamente su labor de servicio a la población de Venezuela, y fortalecer
nuestra cooperación con las autoridades sobre la base del respeto mutuo y el
diálogo franco y transparente», señaló en relación con esa expulsión la alta
comisionada adjunta Nada Al-Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.
Las autoridades venezolanas obligaron a trece empleados de
la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a dejar Venezuela en el plazo
de 72 horas, después de que el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro,
les acusara de espionaje y conspiración.
Pese al tenso momento de relaciones entre la ONU y el
gobierno venezolano, que habían pactado la presencia de esa oficina local en
2019, Al-Nashif aseguró que ha habido «cambios positivos» en el país, aunque
«queda mucho por hacer».
Destacó que en 2023 no se registró, como había sido el caso
antes, el innecesario o desproporcionado uso de la fuerza contra manifestantes,
aunque sí se denunciaron arrestos y detenciones arbitrarias, entre otras
represalias, a algunos participantes en esas protestas.
También denunció que defensores de los derechos humanos
siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas por
parte de las autoridades venezolanas, y citó los casos de los perseguidos activistas
Javier Tarazona, fundador de la organización Fundaredes, y la hispanovenezolana
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
La «número dos» de la oficina que dirige el alto comisionado
Volker Türk también manifestó la preocupación por las detenciones,
intimidaciones y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de
oposición.
En ese sentido, Al-Nashif subrayó como un paso adelante la
firma en octubre de 2023 de los Acuerdos de Barbados entre el Gobierno y la
opositora Plataforma Unitaria Democrática, pero hizo un llamamiento a que «se
apliquen plenamente de buena fe».
En virtud de esos acuerdos, recordó, se liberó a 34
personas, pero «la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales».
Al-Nashif agregó que desde enero de 2023 la oficina de la
ONU ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por
servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad.
«Permanecieron incomunicadas durante horas o incluso
semanas», agregó la responsable de Naciones Unidas, quien también lamentó que
las autoridades venezolanas ocultaran estas detenciones y posteriormente
presentaran cargos contra los arrestados por presunta conspiración, terrorismo,
asociación criminal, traición o lavado de dinero.
La alta comisionada adjunta también indicó que la oficina ha
recibido denuncias de malos tratos a detenidos por agentes de servicios de
seguridad o de inteligencia que en algunos casos podrían constituir tortura.
«Es especialmente preocupante la falta de avances en la
investigación de los casos de personas indígenas yukpa en el estado Zulia por
parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana», afirmó.
Al-Nashif también subrayó que las sanciones internacionales
contra Venezuela exacerban los problemas preexistentes del país y «han tenido
un impacto negativo desproporcionado en la población», por lo que reiteró el
llamamiento de la oficina de la ONU a que sean anuladas.
En respuesta a esta presentación, la delegación de Venezuela
ante el Consejo dijo que este informe ha sido patrocinado por países
acostumbrados a intervenir en los asuntos internos de los países, en lugar de
optar por «un diálogo genuino y la cooperación».
Sobre el eventual retorno del personal del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos a Venezuela, dijo que se han mantenido conversaciones
con esta instancia para «vislumbrar en el tiempo y en el momento que sea
oportuno un nuevo proceso de cooperación técnica (…), sin injerencias ni
parcialización política».
(Con información de Efe)
