Por GDA | El Mercurio | Chile
Nuevos antecedentes se conocen en la investigación por el
secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno.
Este miércoles, uno de los focos de la indagatoria se puso
en el posible móvil del delito luego que se conociera que uno de los prófugos,
Walter Rodríguez Pérez, también de Venezuela, había trabajado para Tareck El
Aissami, ex vicepresidente del gobierno Nicolás Maduro, información que ahora
tiene que ser verificada por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH)
de la Fiscalía, junto con la Policía de Investigaciones (PDI).
Esto, ya que datos disponibles en la página del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales dan cuenta de que Rodríguez Pérez desempeñó
actividades laborales durante siete semanas en el despacho de El Aissami en
2015, cuando ejercía como gobernador del estado de Aragua.
Luego, entre 2017 y 2018, asumió el segundo cargo más alto en
la estructura del régimen de Nicolás Maduro.
En este escenario, el ente persecutor desplegó diversas
diligencias para confirmar dicha información, que eventualmente podría
contribuir a esclarecer parte de los motivos del crimen.
Un posible móvil político en el crimen de Ojeda está dentro
de las líneas investigativas que maneja el Ministerio Público. En efecto, el
martes, el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, en entrevista con radio
Infinita, sostuvo que «tenemos que investigar también la hipótesis de que la
justificación sea política (…), en razón con su calidad de disidente».
Además, otros antecedentes recopilados en la indagatoria
reforzarían esta teoría, principalmente porque se trata de un exmilitar
opositor de Nicolás Maduro, quien además no mantenía vínculos con el crimen
organizado y se desmpeñaba en un trabajo estable en una empresa de seguridad,
según han podido confirmar las autoridades.
Incluso, el día de su secuestro, el exmilitar cumplió con
una jornada laboral normal. Datos de la investigación indican que terminó su
turno el 20 de febrero temprano y que, tras esto, fue a la Vega Central para
comprar alimentos, para luego cenar y acostarse a dormir a eso de las 23:00
horas. Su secuestro ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada del 21 de ese
mes. Su familia indica que llevaba una vida normal, y que lo único distinto es
que realizaba actividades de oposición al mandatario venezolano.
Según el relato de un testigo, un cercano a la familia
pensaba que “las personas que estaban detrás de todo esto era el gobierno de
Venezuela”.
Advirtió también que temía un destino similar y que por eso
dejó de participar de reuniones, ya que quería hacer una vida normal. Por su
parte, la hermana de la víctima dijo en la indagatoria: “Yo creo que lo fueron
a secuestrar porque él es exmilitar”. En su versión la esposa de Ojeda aseguró
que no le “solicitaron dinero ni especies de valor”. Junto con esto, confirmó
vínculos con opositores a Maduro.
Ayer, además, la familia tuvo acceso a los restos de la
víctima. El abogado que los representa, Juan Carlos Manríquez, apuntó que se
“pudo acceder al reconocimiento completo del cuerpo”.
También confirmó la entrega de antecedentes patrimoniales de
la pareja, materia de investigación en la fiscalía que busca un posible móvil.
