El relator especial de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró este
miércoles que en Venezuela persisten los problemas para acceder a los
alimentos, especialmente los «grupos vulnerables» como privados de libertad,
niños y mujeres.
«Gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder
a alimentos buenos y sanos», dijo el experto en rueda de prensa, al término de
su visita al país -que comenzó el 31 de enero-, donde se reunió con
autoridades, organizaciones no gubernamentales y otras agrupaciones civiles.
En sus comentarios iniciales, señaló que la dolarización de
facto que vive Venezuela, los bajos ingresos y la alta inflación -que cerró en
189,8% el año pasado- «debilitan el poder adquisitivo» de las personas y
aumenta los riesgos de sufrir inseguridad alimentaria.
Para enfrentar esta situación, prosiguió, algunos ciudadanos
optan por «mecanismos negativos» como reducir el tamaño de las raciones de las
comidas, saltarse alguna en el día o comprar alimentos sin valor nutricional.
«Me preocupan mucho los niños (…) conocí muchos testimonios
de todo el país de que los niños están cada vez más expuestos a riesgos (como)
separación familiar, trabajo infantil, explotación sexual, violencia física y
abusos», sostuvo.
Asimismo, remarcó que los niños menores de 5 años y las
mujeres embarazadas o en período de lactancia «son los más afectados» por la
desnutrición, aunque no precisó números debido a la falta de estadísticas
oficiales.
Fakhri dijo que algunas «mujeres se ven obligadas a
intercambiar sexo por comida», situación
que -aclaró- fue reportada por numerosas organizaciones y que prevé incluir en
su informe de conclusiones, que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU en marzo.
Aunque Venezuela «tiene muchas leyes progresistas» sobre el
tema alimentario, -señaló- la «falta de aplicación» de esos preceptos ha
alentado un «creciente sentimiento de decepción» en los ciudadanos, por lo que
instó al gobierno a crear un «plan urgente de alimentación», una idea sobre la
que no dio detalles.
Sobre los llamados Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP), un programa gubernamental para la entrega de alimentos a
bajos precios, dijo que este «se ha convertido en un sistema de clientelismo» y
no como un mecanismo para «la liberación del hambre».
El relator dijo que recibió denuncias sobre personas que
fueron excluidas del CLAP por ser contrarias al Ejecutivo, así como críticas al
programa por su irregular periodicidad y el bajo valor nutricional de los
alimentos.(Con nota de Efe)
